La bronca no se disimula: los diputados de Juntos por Entre Ríos salieron al cruce del PJ por la auditoría de OSER y la medida de FEMER. El planteo es directo: no se trata de castigar a los afiliados, sino de revisar la facturación. El bloque justicialista no dio su versión.
La auditoría de OSER identificó, sobre un listado de 106 internaciones revisadas, 80 casos con facturaciones duplicadas. También detectó prestaciones facturadas por profesionales que no integran su registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras inconsistencias administrativas. ¿Qué pretenden los diputados del PJ?
Los legisladores remarcaron que esas observaciones deben verificarse y conciliarse entre los equipos técnicos. OSER tiene la obligación de pagar las prestaciones realizadas y correctamente facturadas. Los recursos de la obra social salen del esfuerzo de los trabajadores y deben volver en medicamentos, tratamientos y servicios de salud, afirmaron.
El tono se endureció cuando hablaron de presión. «El tiempo de la extorsión terminó», sostuvieron, y advirtieron que no van a permitir que se juegue caprichosamente con la salud de los afiliados. La medida dispuesta por FEMER alcanza, según precisaron, a las consultas durante la internación realizadas por profesionales nucleados en esa Federación.
También aclararon que, según el informe, las internaciones y las cirugías no están suspendidas. Los diputados tienen la obligación de informar con precisión, advirtieron. Alimentar la incertidumbre de las familias para sacar una ventaja política es una irresponsabilidad, agregaron.
Sobre los cuidadores domiciliarios, señalaron que OSER establece un plazo de pago de 30 días desde la presentación de la factura, frente a los 60 días habituales del resto de los prestadores. En la atención domiciliaria corresponde cotejar las horas autorizadas, las efectivamente prestadas y las facturadas. Si el PJ sostiene que esos descuentos son injustificados, que lo demuestre con documentación, plantearon.
El bloque recordó que OSER brinda cobertura a 288.891 afiliados: 286.620 residen en los 17 departamentos y en 286 localidades, comunas y parajes de Entre Ríos, y 2.271 en otras provincias. Del total, 9.312 cuentan con Certificado Único de Discapacidad.
Entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites de discapacidad, frente a 9.009 en el mismo período de 2025, un incremento del 83,57 por ciento. El informe de gestión registra una reducción del tiempo promedio de resolución de 30,55 a 17,89 días.
En los primeros diez meses del año, las autorizaciones de resonancias de alto campo pasaron de 6.927 a 14.681 y las de radioterapia, de 390 a 597, respecto del mismo período de 2025. El PJ omite estos resultados porque contradicen su relato de que todo está peor, afirmaron.
Desde Juntos por Entre Ríos rechazaron que el justicialismo ubique el origen de los problemas en la creación de OSER. Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior, sostuvieron. Cuando se intervino el Iosper se denunció una deuda acumulada de más de 42.800 millones de pesos y un sueldo para su presidente que, actualizado a valores de hoy, supera los 26 millones de pesos mensuales. También sostuvieron que los sueldos millonarios y los actos de corrupción denunciados no los indignaban.
Gobernaron Entre Ríos durante veinte años. Tuvieron tiempo y poder para garantizar transparencia, terminar con los privilegios y defender a los afiliados, remataron los diputados. Para el bloque, el PJ fue responsable político del sistema que generó esos privilegios y acumuló las deudas que hoy pretenden desconocer. El PJ no dio su versión frente a ese cruce.
El debate no es menor: se juega sobre la salud de 288.891 afiliados y sobre el uso de recursos que salen del esfuerzo de los trabajadores. La auditoría, la medida de FEMER y el cruce político muestran una tensión que no se resuelve con declaraciones, sino con documentación, conciliación y respeto por los pacientes. La obra social no es un instrumento de presión.
