La causa GNC volvió a quedar en el centro de la escena judicial de Concordia por un nuevo cruce entre la Fiscalía y la defensa de una exfuncionaria implicada en la investigación. En una resolución fechada el 3 de noviembre, los fiscales Daniela Montangie y Mauro Jaume rechazaron pedidos de prueba presentados por la abogada Cielo Petit, defensora de Mireya Liliana López Bernis. El conflicto no es menor: pone en discusión el acceso a documentación que, según la defensa, resulta clave para reconstruir cómo se hicieron las compras de gas natural comprimido.
La abogada cuestionó que la negativa le impide acceder a información que estaría en poder de organismos públicos y, de manera particular, del Municipio. Petit sostuvo que los abogados no reciben respuestas cuando no cuentan con una orden judicial y planteó que esa situación complica el ejercicio de la defensa. «¿Cómo me van a negar una prueba que es documental? No estoy pidiendo nada raro. Necesito información que está en poder del Estado y que no me entregan», remarcó.
Entre los elementos reclamados figura una ordenanza vinculada con las compras de combustible, que según Petit aparece mencionada en las actuaciones pero no está publicada en el Digesto Municipal. También pidió una nómina de empleados del corralón municipal, especialmente del área administrativa desde donde se habrían generado las compras directas. La defensa argumentó que esos datos permitirían establecer qué vehículos municipales utilizaban GNC en el período investigado y cómo se desarrollaban las adquisiciones.
«Esa documentación permitiría demostrar que las unidades señaladas en la causa existían y podían funcionar con ese combustible al momento de las compras», dijo Petit. Otro pedido apuntaba a conocer el circuito administrativo de las contrataciones: quién iniciaba los expedientes, qué funcionarios intervenían y en qué orden se incorporaban las firmas. La abogada aclaró que ese recorrido resulta relevante para establecer responsabilidades individuales y que, en el caso de López Bernis, su firma aparecía al final del procedimiento, cuando las actuaciones administrativas ya habían avanzado.
La Fiscalía rechazó parte de esos requerimientos por considerar que no guardaban relación con los hechos investigados. Respecto de las normas municipales, sostuvo que se trata de disposiciones públicas cuyo conocimiento no requiere que sean aportadas por las partes, en función del principio jurídico conocido como iura novit curia. La defensa, en cambio, insistió en la dificultad concreta de obtener la documentación y consideró que el acceso a esos registros es central en investigaciones por presuntos hechos de corrupción. La Fiscalía no dio su versión sobre la acusación de parcialidad.
«La Fiscalía tiene que encontrar la verdad y no corroborar su teoría del caso», afirmó Petit. Según su experiencia en investigaciones de corrupción en Concordia, la abogada sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción «no tiene objetividad, es totalmente parcial». Por eso, adelantó que acudirá al juez de Garantías para solicitar autorización y obtener la documentación que fue rechazada.
También advirtió que, si persisten las condiciones que cuestiona, podría plantear el traslado de la causa a otra jurisdicción. Petit lo atribuyó a lo que consideró un «evidente direccionamiento investigativo» en causas de esa naturaleza dentro del Ministerio Público Fiscal de Concordia. La investigación, que comenzó en abril de 2024, comprende compras de GNC realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, durante la administración municipal de Enrique Cresto. Según la hipótesis de la acusación, se habrían cargado cantidades de combustible a vehículos que figuraban como parte de la flota municipal.
