El expediente se cerró con un Decreto N° 993/2026, firmado por el intendente Francisco Azcué, y con una pregunta que queda flotando: ¿qué se investigó durante dos años?
El Departamento Ejecutivo Municipal de Concordia archivó una investigación administrativa iniciada en abril de 2024 por una denuncia vinculada con un camión atmosférico Mercedes Benz L1620, modelo 2006, dominio FVD192 y unidad N° 02.
La decisión quedó formalizada el 26 de octubre y fue publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial municipal. La pesquisa había sido ordenada por el propio Ejecutivo mediante el Decreto N° 494/2024, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias y ver si correspondía atribuir responsabilidades administrativas.
El trámite se extendió durante más de dos años e incluyó declaraciones testimoniales, notificaciones a trabajadores y consultas a las áreas de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes. Según los considerandos, la investigación comenzó formalmente el 11 de abril de 2024.
El entonces director de Talleres y Depósitos ratificó la denuncia el 1° de julio de 2024, y durante los meses siguientes fueron convocados distintos agentes municipales para prestar declaración testimonial. Las actuaciones continuaron en 2025 y 2026, con nuevas notificaciones, declaraciones, una ampliación de la ratificación realizada el 1° de junio de este año y una última declaración testimonial el 22 de septiembre.
También hubo intervenciones administrativas para establecer la situación laboral de algunas de las personas mencionadas en el expediente. En uno de los casos, Recursos Humanos informó que una persona consultada no figuraba en los registros como empleado municipal. En otro, Liquidación de Haberes comunicó que el contrato de un exagente había sido dado de baja en mayo de 2025.
La instructora sumariante de la División Sumarios concluyó que, luego de las medidas realizadas, no existían elementos indiciarios que permitieran justificar la continuidad de la investigación. Por ese motivo, aconsejó la clausura de la información sumaria y el archivo de las actuaciones. La Dirección de Asuntos Jurídicos respaldó esa recomendación mediante el Dictamen N° 1623/26, fechado el 7 de octubre de 2026.
Antes de la firma del decreto, tomó intervención el subsecretario Legal y Técnico. En el artículo primero, Azcué aprobó la información sumaria, dispuso su clausura y ordenó el archivo del expediente. En el segundo artículo, se establece que la resolución sea notificada a los agentes involucrados y comunicada a Recursos Humanos, la Subsecretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Talleres y Depósitos.
El punto que más ruido genera es que el decreto no detalla en qué consistieron concretamente los hechos denunciados ni cuál habría sido la irregularidad que dio origen a la investigación. El expediente se cierra sin una línea que explique el motivo de la denuncia, y esa ausencia pesa en la lectura final. La pesquisa se abrió por una presunta irregularidad, pero el archivo no describe cuál era.
Así, el municipio archiva un sumario que duró más de dos años, con declaraciones, notificaciones, consultas administrativas y un dictamen jurídico favorable al cierre. La decisión es formal, pero deja una pregunta abierta: si no había elementos indiciarios, ¿por qué el trámite se extendió tanto en el tiempo?
