El Senado de Entre Ríos aprobó el jueves 29 de octubre un proyecto de comunicación que le pide a la Procuración General de la Provincia crear una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos. La iniciativa, presentada por la senadora Patricia Díaz, salió sobre tablas y ahora la pelota está en el terreno de la investigación penal.
El pedido no es menor: se trata de una unidad fiscal especializada, con intervención coordinada con las fiscalías de las distintas jurisdicciones de la provincia. También se solicita definir su organización, cobertura territorial, dotación de personal y medios de investigación. Acá no alcanza con mirar para el costado: en el norte entrerriano, donde la bronca por los robos de ganado viene creciendo, ese detalle puede marcar la diferencia.
El proyecto también plantea mecanismos de coordinación con la Policía de Entre Ríos y con los organismos que controlan la identificación y el tránsito de hacienda. Además, propone habilitar canales de atención y orientación para los productores damnificados. No es un parche: es una apuesta a que la investigación no se quede en la denuncia y avance sobre los circuitos de traslado, faena y comercialización.
El texto del proyecto lo dice claro: «Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales». En el fondo, la idea es concentrar conocimiento sobre identificación de animales, documentación de movimientos de hacienda y preservación de pruebas. También investigar posibles conexiones entre distintos hechos y eventuales redes de comercialización de animales sustraídos.
El escenario no es nuevo. Productores y entidades agropecuarias vienen reclamando frente a la reiteración de robos de ganado, especialmente en el norte entrerriano. El proyecto cita las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, quien expuso la preocupación de productores de la zona de Bovril por los hechos reiterados de abigeato.
El antecedente que viene dando vuelta es otro: en mayo pasado, productores del norte provincial denunciaron que durante diciembre de 2025 se habrían registrado 20 hechos de abigeato, entre los denunciados y aquellos que no llegaron a formalizarse. En septiembre, un productor de la zona de Bovril denunció el faenamiento clandestino de nueve animales en un período de entre 20 y 30 días, con pérdidas estimadas entre 15 y 18 millones de pesos.
Para darle base legal, la senadora Díaz invocó el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, que reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público, y el artículo 17, inciso i) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, que faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos. Si la puesta en funcionamiento requiere nuevos cargos o adecuaciones presupuestarias, el proyecto prevé promover los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes.
La fiscalía especializada no va a resolver sola la inseguridad rural, pero puede ser una herramienta seria para ordenar la investigación, coordinar a los actores y darle peso a las denuncias. En un campo donde cada animal sustraído pesa en la economía familiar, la pregunta ya no es si el problema existe: es si el sistema penal va a estar a la altura.
