El ministro de Economía, Luis Caputo, no eligió un escenario menor: habló ante la Unión Industrial Argentina (UIA) en el Golden Center porteño y metió la mano en una de las heridas abiertas de la economía: la presión fiscal y financiera sobre las pymes. El paquete anunciado busca dar oxígeno a empresas que hoy sienten el peso de embargos, tasas altas y plazos cortos.
La medida más visible es la suspensión de embargos de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para pymes hasta mayo de 2027. No es un gesto menor: le da margen a la empresa para ordenar cuentas sin que el fisco le corte la circulación. Junto a eso, el Gobierno extendió el plan de pagos en 18 cuotas para deudas con ARCA, incorporando obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, en lugar del límite anterior, que llegaba hasta el 30 de junio.
Caputo fue directo: “Vamos a extender (el plan de pago) las deudas hasta el 31 de octubre y les vamos a dar también 18 meses de plazo para que tengan también más holgura financiera”. El reconocimiento es importante porque admite que el costo financiero para las pymes no se resuelve en un mes o dos. Habla de un problemón y de un margen acotado por la consolidación fiscal.
La tercera pieza apunta a los reintegros. Las pymes podrán usar el 100 % de sus saldos a favor, por IVA de exportación o reintegros, para cancelar deudas aduaneras. En las grandes empresas, el porcentaje será progresivo hasta que se resuelva el atraso. Caputo lo resumió con crudeza: “Soy un fanático de esta porque realmente creo que joroba mucho a las empresas”. El dato de color es duro: el Estado venía tardando meses en devolver esos saldos.
El paquete también incluye créditos del Banco Nación para la industria automotriz, con tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años. No es una medida de campaña: busca dar previsibilidad a un sector que necesita financiar capital de trabajo y que hoy choca con plazos cortos y costos altos. Si la tasa se sostiene, puede ser un alivio concreto para proveedores y fábricas.
Además, Caputo planteó la eliminación del impuesto a los sellos, un tributo que se cobra en compraventa de inmuebles o vehículos, alquileres, pagarés y préstamos. La idea no es solo un anuncio: el Gobierno ofrecería pagar la mitad del impuesto a cambio de que las provincias y la Ciudad resignen la otra mitad. Es un terreno político delicado, porque toca recursos que hoy quedan en las jurisdicciones.
¿Basta? No. El anuncio suena a oxígeno, pero la prueba será si la liquidez llega antes que la deuda y si la previsibilidad se traduce en crédito real. Caputo habló de incertidumbre, descalce entre depósitos cortos y préstamos largos, y de la necesidad de dar certezas al sistema financiero. Ahí está el verdadero examen: no solo suspender embargos, sino que la empresa pueda volver a respirar.
