La discusión por armas no letales en la Guardia Urbana de Concordia no nació de la noche a la mañana: tenés un antecedente que se remonta a 2024.
El 27 de agosto de 2024, el intendente Francisco Azcué firmó un convenio de cooperación con el Tiro Federal Argentino de Concordia para capacitar al personal de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
El acuerdo quedó plasmado en el Decreto 1.092/2024, del 28 de agosto, y lleva las firmas de Azcué y del entonces secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio. Por el club, suscribieron el presidente Eduardo Diana y el vicepresidente Jorge Odorisio.
La segunda cláusula habilitaba el uso de salones, pedanas y sectores abiertos, verdes y parquizados del club para las capacitaciones. Las pedanas son los puestos o espacios acondicionados para practicar tiro en un polígono.
El documento no especificaba qué tipo de capacitación se realizaría, no mencionaba armas de fuego ni dispositivos no letales, y tampoco establecía prácticas de tiro o entrenamiento en el uso de armamento. La primera cláusula se limitaba a señalar que el municipio necesitaba espacios adecuados para la capacitación física e intelectual del personal.
También había una contraprestación municipal: la Municipalidad se comprometía a colaborar, dentro de sus posibilidades, con recursos humanos y materiales para el mantenimiento de las instalaciones. Entre las tareas figuraban desmalezado, movimientos de tierra con maquinaria, pintura y luminarias.
La quinta cláusula designaba a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana como organismo responsable y la autorizaba a relacionarse con dependencias públicas provinciales y nacionales. El plazo de vigencia era de dos años, así que el acuerdo venció en agosto de 2026.
Hasta ahora no se conocen actuaciones que permitan establecer si se hicieron las capacitaciones previstas, qué personal participó, qué contenidos se dictaron o si hubo actividades en las pedanas. Esa vacancia de información es el punto más incómodo: no se puede discutir armamento sin saber si antes se hizo capacitación.
En la presentación pública del acuerdo, Eduardo Diana explicó que los empleados municipales entrenarían en las instalaciones del club y que también se abriría el polígono de tiro a la comunidad. Mientras el decreto no mencionaba expresamente prácticas de tiro, esas declaraciones hacían referencia al entrenamiento en el Tiro Federal.
La Unidad de Prevención Municipal había sido creada por la Ordenanza 36.569, sancionada el 23 de agosto de 2018, con una estructura orientada a la prevención, la educación y la convivencia urbana. Los agentes, denominados preventores, debían intervenir en corredores turísticos, espacios públicos y seguridad vial, además de colaborar ante emergencias y situaciones de riesgo.
La ordenanza también delimitaba expresamente sus atribuciones frente a hechos delictivos. Acá aparece la tensión de fondo: una fuerza municipal pensada para prevenir, educar y convivir, pero hoy arrastrada a una discusión sobre armamento que, en el papel, nunca fue el corazón del acuerdo.
