El Presupuesto 2027 entró en una curva complicada para el oficialismo. Sin acuerdo con los aliados, el cronograma que buscaba despachar la ley de leyes esta semana se cayó y la aprobación podría demorarse un par de semanas más. La iniciativa proyecta una inflación anual del 18% y un crecimiento del PBI del 4%.
Un diputado aliado lo resumió con una frase que no deja dudas: “Está todo muy verde”. Desde el campamento libertario también desestimaron dictaminar la próxima semana, como había anticipado Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. El esquema original pasaba por cerrar las reuniones informativas el martes y despachar al día siguiente, con objetivo de llevarlo al recinto el 18 de noviembre.
La pausa de dos semanas entre el dictamen y la sesión tenía explicación: varios legisladores viajarán a seguir las elecciones en Estados Unidos y está anunciada la visita del Papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Una salida posible es que la comisión despache el 11 de noviembre y mantenga la fecha del 18 para el recinto. De lo contrario, el oficialismo buscará dictaminar el 18 y llevarlo a la última semana de noviembre, al filo del cierre de sesiones ordinarias.
Luego, Milei debería convocar a sesiones extraordinarias para que el Presupuesto sea tratado por el Senado. La demora, en parte, también se debió a las complejas negociaciones por la ley de Discapacidad. El escenario es complejo: el oficialismo tiene 20 de las 49 sillas que hay en la comisión y necesita acuerdos para sacar dictamen de mayoría. ¿Quién quiere llegar al cierre de sesiones con la ley de leyes sin dictamen?
El PRO y la UCR le pueden aportar un aval cada uno, pero después toca negociar con Argentina Federal, el espacio que reúne a los diputados del norte, Provincias Unidas y otras bancadas provinciales. Ahí se juega el dictamen de mayoría. La infraestructura puede marcar las alianzas que pueda conformar el Gobierno.
El reclamo de los gobernadores ya se anticipó en Paraná, donde se reunieron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Martín Llaryora, de Córdoba, en el marco de las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. Fueron los ejes: caída en los recursos de coparticipación, mayores demandas sociales, crisis de las pymes y deterioro de la infraestructura. Ahí se nota el peso político del presupuesto: no es solo números, es poder territorial.
Córdoba, que tiene un representante en la comisión, Ignacio García Aresca, volverá a la carga con un viejo reclamo: el pago de la deuda que la Nación tiene con la caja de jubilaciones. El Gobierno incluyó en el Presupuesto una partida global de $503.325,9 millones para el conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS. Desde Córdoba advierten que con esa suma no podrán afrontar ni el déficit de la actualización de las jubilaciones, ni cumplir con los fallos de la Corte Suprema.
A eso se suma el reclamo de la mayoría de las provincias por la falta de inversiones en infraestructura. Frigerio, Llaryora y Pullaro se quejaron por el deterioro de las rutas nacionales y los gobernadores insistieron con la necesidad de que la Nación les transfiera el poder para recuperar los caminos. El proyecto dejó bien posicionada a Salta, el distrito que comanda Gustavo Sáenz, quien viene siendo clave.
