El Niño no se presenta con nota de cortesía: Entre Ríos prepara una emergencia agropecuaria por un año para frenar el golpe de las crecidas de Paraná y Uruguay.
La Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuarios avanzó en un acuerdo para elevar al Poder Ejecutivo el pedido de declaración, con vigencia desde el 1 de agosto. El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.
El encuentro contó con la presencia de Raúl Boc-Hó, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de José Carlos Basaldúa, coordinador de Políticas Agropecuarias. El eje fue analizar el impacto de la creciente de los ríos Paraná y Uruguay, vinculada al fenómeno de El Niño, sobre la producción ganadera.
La solicitud comprende los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy. Allí el agua no es solo un problema climático: es una amenaza directa sobre la producción ganadera.
Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, confirmó que las entidades del campo llevaron el planteo a la mesa. También alertó por el riesgo de inundaciones y por el movimiento de animales que ya se intensifica.
Según los relevamientos realizados junto con Senasa, la cantidad de cabezas de ganado en las islas es importante. Vender hacienda sin terminar significa pérdidas en el precio por kilo y una liquidación temporal de capital.
El problema no termina en el campo: también pesan las obligaciones tributarias por una operación que no representa una ganancia real. Esa carga puede desalentar el traslado preventivo justo cuando la creciente podría llegar en corto plazo.
Participaron, además, Paula Kozac por Hacienda, Gonzalo Atencio por Planificación, María Noelia Taborda por la Cámara de Diputados y referentes de entidades rurales.
También participaron Mariano Berisso y Juan Diego Etchevhere por la Sociedad Rural Argentina, Ronald Garnier por la Federación Entrerriana de Cooperativas y Rodrigo Toledo como coordinador de Apicultura.
En paralelo, el campo volvió a poner sobre la mesa el abigeato y la inseguridad rural. Los robos reiterados obligan a los productores a modificar sus rutinas y a vigilar permanentemente los animales.
En Bovril, la situación es más tensa: productores extreman medidas de seguridad y, al caer la tarde, llegan a encerrar a los animales en corrales cercanos a sus viviendas. No es un dato menor: vos sabés que el miedo ya cambió el paisaje cotidiano.
Martiarena destacó el compromiso de reforzar recursos contra estos delitos con drones, visores térmicos y mayor presencia policial. Pero consideró que el principal problema sigue siendo la falta de consecuencias judiciales efectivas.
Por eso no alcanza con promesas: hay que avanzar hacia fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre policías, fiscales y productores. La meta, dijo, es que la vida de esta gente cambie y pueda llegar a tener tranquilidad.
En ese mismo encuentro, Martiarena recordó un testimonio escuchado en Bovril: un productor contó que corrió a dos malhechores a tiros y a latigazos. La tensión de la inseguridad rural ya no es un tema menor.
El pedido quedará en manos del Poder Ejecutivo para que avance la firma de la declaración de emergencia, que comprendería los departamentos afectados por las crecidas en la provincia.
