La Casa Rosada no espera al Senado para marcar un objetivo que considera central en el financiamiento de la Ley de Discapacidad. En los próximos días, el Gobierno anunciaría la baja de unas 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, beneficios que el oficialismo describe como irregulares.
El dato aparece después de que la Cámara de Diputados diera media sanción, el 22 de octubre, a una ley de discapacidad. El oficialismo aceptó modificar el dictamen original y dejó en pie las PNC, tras la presión de aliados legislativos.
Según funcionarios que trabajan en el tema, el ajuste es el resultado de una auditoría sobre los más de 1.100.000 beneficiarios que cobran la prestación. El Ejecutivo sostiene que está identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan.
En el oficialismo usan términos duros: hablan de PNC “truchas”, de subsidios “fantasmas” y de un sistema que necesita ordenamiento. La advertencia es clara: esta primera tanda no sería la única y las auditorías se profundizarían en los meses venideros.
El anuncio se prepara para el martes, miércoles o jueves próximos, según fuentes del Gabinete. Los recortes podrían generar quejas y reclamos públicos, pero el Gobierno asegura que la medida no afectaría a personas con una discapacidad real.
El contexto no es menor: el sector reclama hace tres años por presupuestos acordes en los organismos que implementan los planes. La media sanción de la ley se demoró más de un año, hasta que la Casa Rosada se comprometió con sus aliados a habilitar una votación con cambios.
En la disputa también aparece la gestión de Alberto Fernández, que en mayo de 2023 anunció la entrega de 300.000 pensiones por invalidez. El actual Gobierno afirma que buena parte se entregó por motivos políticos y proselitistas, y que se manejaron sin criterio, sin descargo de la gestión anterior.
La discusión no es solo administrativa. En el Gobierno insisten en que los procesos de ordenamiento del sistema apenas empezaron y que las conclusiones de las auditorías podrían suspender el pago a decenas de miles de personas que cobran una PNC desde hace años. Ese escenario explica la sensibilidad del anuncio, que llega en un tema donde la vulnerabilidad social y la política se cruzan de lleno.
En el Congreso, la flexibilidad también tuvo nombres. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostraron más abiertos a escuchar los reclamos del sector. Ese gesto buscó destrabar una votación que llevaba más de un año frenada y que terminó modificando el dictamen original de la Casa Rosada.
La baja de 20.000 pensiones se anunciaría en los próximos días. Mientras tanto, la Ley de Discapacidad espera la media sanción del Senado y las auditorías sobre las PNC continúan.
