El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia salió a cuestionar la derogación de la ordenanza que adhería a la Ley Provincial N° 9393 de grandes superficies. La decisión del Concejo Deliberante encendió una discusión que va más allá de un trámite: toca el comercio de barrio, el empleo y la forma en que Concordia recibe inversiones.
En el comunicado, el CCISC fue directo: no está en contra de que lleguen nuevos comercios ni inversiones. Lo que reclama es que la ciudad no se baje de la regla, sino que la aplique a tiempo. Para la cámara, el problema no es la apertura, sino el tipo de empresa que entra y el saldo que deja en el tejido local.
La Ley 9393, según recuerda el CCISC, no prohíbe la instalación de supermercados, hipermercados ni cadenas mayoristas. Lo que exige es una autorización previa, un estudio de impacto y una instancia de participación comunitaria, tal como lo fija el Decreto Reglamentario N° 1769/2010. En Concordia, distintas cadenas ya cumplieron ese procedimiento; y en Crespo, el día anterior, se realizó una audiencia pública bajo la misma norma.
El argumento de la cámara tiene olor a barrio: el almacén y el autoservicio no son solo un negocio, son el lugar donde el vecino compra cerca, donde trabaja una familia y donde lo que se gana se reinvierte en la misma ciudad. Ahí aparece la cuenta que el CCISC pide que se mida completa: los puestos que se crean en una gran apertura se ven el primer día; los que se pierden en el comercio de cercanía aparecen después, de a uno. Si el trámite es lento, la solución, según la cámara, es acortar plazos y hacer que los organismos respondan a tiempo, no eliminar la evaluación.
El CCISC sostiene que por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de este tipo se pierden 2,4 empleos o autoempleos en el comercio local, sin contar la cadena de suministros, porque estas empresas no suelen comprar en la región. La cámara señala que hizo presentaciones formales e informales al Municipio hace más de ocho meses, y que de este caso en particular recibió solo evasivas o ambigüedades. Además, indica que la documentación se envió a la Dirección de Comercio Interior recién 15 días antes, en vísperas de la pretendida apertura.
La cámara también apunta a la empresa: dice que sabía desde el pedido de permiso de uso de suelo que el emprendimiento podía ser alcanzado por la ley, y que en dos oportunidades anteriores logró eludir la aplicación de la norma a otros emprendimientos en la ciudad. Según el CCISC, avanzó con la instalación y luego presionó ante la sociedad y los medios con la imposibilidad de abrir, cuando sabía que debía cumplir la ley como cualquier otra empresa. En el comunicado, no aparece descargo de la empresa ni del Municipio.
¿Vos creés que una ciudad se juega el comercio de barrio por un trámite exprés? El CCISC reclama que, si la decisión final del Municipio era derogar la adhesión, se debatiera de cara a la sociedad y a las instituciones, no como un trámite “express” a pedido y a medida de un interesado particular. La cámara se pregunta por qué no hubo intervención de quienes durante casi 30 años velaron por la creación, promulgación, reglamentación y vigencia de la ley. Y cierra con una advertencia: nadie puede decir que no es una institución de diálogo, y tampoco la actual conducción, porque, según la cámara, ningún funcionario o concejal se comunicó con algún miembro del CCISC.
