El Concejo de Concordia le bajó el pulgar a la Ley de Grandes Superficies Comerciales y dejó en claro que la ciudad no quiere seguir frenando inversiones con trabas burocráticas. La discusión saltó por un caso concreto: Maycon, que tenía listo un local en calle Sarmiento y 30 puestos de trabajo en el aire.
El secretario general del CEC Concordia, Juan José Simonetti, había advertido que corrían riesgo 30 puestos de trabajo porque no podía abrir una sucursal del mayorista. El CCISC sostuvo que faltaba la habilitación provincial y las instancias de la Ley N° 9393.
El concejal Felipe Sastre, de JxER, fue directo: la normativa se volvió un galimatías que espanta a los inversores. Según el edil, cada vez que un comercio de cierta magnitud quiere radicarse, la municipalidad debe cumplir pasos extensos que no siempre llegan al final esperado.
Sastre citó el dato duro: Concordia encabeza el índice de pobreza de los conglomerados urbanos del país, con 52,6% de la población bajo esa línea, según la última medición del INDEC. Para el edil, “no le sobra nada” y la derogación sirve para combatir realmente la pobreza.
El concejal no pasó por alto la presencia de Simonetti en las tribunas del Concejo. Lo presentó como un trabajador que detectó el problema y sostuvo que el municipio debe dejar de ser una traba y preguntar: “¿En qué te podemos ayudar?”
La presidenta del bloque del PJ, Carolina Amiano, anticipó que iba a acompañar la derogación. Para ella, la ciudad necesita inversiones que generen trabajo y 30 puestos en blanco “realmente nos tienen que preocupar y ocupar”.
Sastre también desarmó el miedo al supermercado gigante: dijo que los comercios de barrio van a seguir existiendo y que siempre habrá clientes que salgan a las nueve de la noche a comprar lo que se olvidaron. La cercanía, remarcó, tiene su público por el horario.
La derogación devuelve al municipio la competencia sobre habilitaciones que había delegado en la provincia. En una Concordia que no puede perder oportunidades de empleo, el mensaje quedó claro: menos burocracia, más trabajo y una ciudad que no se quede mirando cómo se van las inversiones.
El edil remarcó que la ley impone, entre otras cosas, un estudio de impacto socioeconómico y una audiencia pública. Según Sastre, esas obligaciones se convierten en un discurso confuso que lleva a los inversores a desistir de abrir un local.
El concejal también admitió que la normativa quizás tuvo razón de ser en otro contexto económico. Pero hoy, con la pobreza al frente, “si no hacemos nada, nada va a cambiar”, dijo. La frase quedó como advertencia: no alcanza con el slogan.
Sastre mencionó que seguramente no todos van a estar de acuerdo, en referencia al CCISC y al CASCO. Aun así, remarcó que los supermercados van a seguir existiendo y que el comercio de cercanía mantiene su lugar.
En la sesión, Sastre dejó de lado las habituales críticas al peronismo y recibió aplausos de los empleados de Maycon y de los integrantes del sindicato de comercio.
