No fue una recorrida de rutina. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, terminó refugiado en una comisaría tras ser increpado por un grupo de vecinos mientras visitaba el municipio de Graneros, en Tucumán. Lo que empezó como una recorrida política derivó en un episodio que el propio legislador calificó como una amenaza directa a su vida.
Según relató Huesen en sus redes sociales, parte de su equipo “fue agredido y golpeado” durante el operativo. “No conforme con eso, amenazaron con quitarnos la vida si no nos íbamos. Luego rodearon la comisaría para evitar nuestra salida”, escribió el legislador. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios y empleados del municipio, según sostuvo Huesen, quien señaló como responsable política a la intendente local Raquel Graneros.
El legislador no se guardó nada en su descargo público: “Así se maneja el peronismo feudal. Se sienten reyes y perciben a la gente como esclavos”, disparó, y prometió que los incidentes no van a frenar la actividad del espacio en la provincia. Vale aclarar que estas son afirmaciones del propio Huesen; la intendencia local no brindó su versión de los hechos al momento de conocerse el episodio.
El hecho reavivó la memoria de otro episodio similar ocurrido meses atrás en la misma provincia. Agustín Pelli, otro diputado libertario, había recibido un cabezazo en el rostro de parte de Marcelo “Pichón” Segura, referente del peronismo local, cuando intentaba ingresar al municipio de La Madrid para llevar ayuda humanitaria durante las inundaciones del sur tucumano.
Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, fue quien trazó el paralelo entre ambos episodios. “Pensé que el cabezazo al diputado Pelli iba a marcar un límite, pero hoy, en Graneros, volvimos a vivir un episodio gravísimo”, escribió. Según Catalán, las amenazas no solo alcanzaron a Huesen sino también a su esposa y a referentes del espacio en la provincia. El dirigente exigió que “las máximas autoridades de Tucumán se pronuncien y actúen” y convocó a la ciudadanía a no naturalizar la violencia política.
El episodio quedó formalmente denunciado y el caso está en manos de las autoridades judiciales de Tucumán. La secuencia de hechos violentos contra legisladores libertarios en esa provincia instala una pregunta que difícilmente pueda ignorarse: si el patrón se repite, la respuesta institucional tendrá que ser mucho más contundente que un comunicado de redes.
