Un análisis detallado y sin concesiones. El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, publicó un extenso trabajo en X titulado “El látigo y la billetera”, donde desmenuzó el Presupuesto 2027 y sostuvo que el esquema fiscal del gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignarles los recursos correspondientes, mientras retiene una caja discrecional para negociar políticamente.
Según Michel, las provincias pierden por dos vías simultáneas: la Nación les traspasa responsabilidades —transporte, salarios docentes, obras— sin el financiamiento que las respalde, y al mismo tiempo recorta las transferencias no automáticas. Las de capital, precisó el legislador, caen un 20% real en 2027.
Los números que enumeró son contundentes. El Fondo Compensador de Transporte del Interior, que en 2023 alcanzó los $102.000 millones y cubría a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y en el presupuesto 2027 sigue sin partida. En contraste, el AMBA mantiene $762.000 millones del Tesoro volcados al fideicomiso SISTAU/SIFER. El FONID —Fondo Nacional de Incentivo Docente—, que en 2023 sumó $333.000 millones, tampoco tiene partida asignada para 2027. Para salario docente del interior solo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones: una cifra que el propio diputado calificó de irrisoria.
A eso se suman 457 obras transferidas a provincias y municipios, el traspaso de rutas nacionales por 20 años —con mantenimiento, obras y peaje a cargo provincial—, la disolución del ENOHSA y la liquidación de Procrear y el Fondo de Vivienda Social. La función Vivienda quedó con $26.000 millones, apenas el 0,01% del gasto total.
Por el lado de los ingresos, Michel señaló que los impuestos que más crecen en el proyecto son Combustibles (+59,3%), Derechos de exportación (+41,3%) y Derechos de importación (+39,2%), pero que la Nación se queda con casi todo: exportaciones e importaciones no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto. El resto, indicó, queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin ejecutar obra pública.
El punto más crítico del análisis apunta a la “Jurisdicción 91”, que según Michel pasa de $5,6 a $14,8 billones. Dentro de esa jurisdicción, el programa 99 —”Otras Asistencias Financieras”— concentra $7,7 billones sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. “Es la plata con la que se ‘auxilia’ —y presiona— a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos”, sostuvo el legislador, quien definió esos fondos como “la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027”.
El debate sobre la distribución de recursos entre Nación y provincias no es nuevo, pero los números que Michel puso sobre la mesa renuevan la tensión en un año preelectoral donde los gobernadores dependerán, en mayor o menor medida, de esa caja que el gobierno nacional se reserva sin criterio público de asignación.
