Choque de frente en Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad le pidió a los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay que posterguen la concentración del 7 de noviembre por la llegada del papa León XIV, que arriba al país al día siguiente. La respuesta fue un no rotundo, con argumentos concretos y una carta pública al jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La posición del Gobierno porteño tiene su respaldo formal: mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, las autoridades comunales determinaron que durante los días de la visita papal —del 8 al 11 de noviembre— no se autorizarán otros eventos, diversiones ni actos en el espacio público. La medida apunta al “importante despliegue operativo, logístico y de seguridad” que requerirá la presencia del pontífice. Como alternativa, el Gobierno propuso trasladar la marcha al 21 de noviembre.
Pero los organizadores no aceptan la ecuación. En su carta a Macri reconocen “la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica”, pero cuestionan que eso sea razón suficiente para suspender “uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad”. Y agregan un dato que pesa: el Papa llega recién el domingo, un día después de la marcha.
El argumento central de los organizadores es logístico y federal. “Miles de personas ya organizaron sus viajes”, escriben, con pasajes comprados y alojamiento reservado. Organizaciones de todo el país armaron colectivos y delegaciones. Artistas confirmaron su participación sin posibilidad de reprogramar. Meses de construcción colectiva que, según los convocantes, no se pueden mover con un simple comunicado.
“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda”, sostienen, sino “alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas”. La marcha, fijada por ley de la Ciudad en el primer sábado de noviembre, involucra a organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de todo el país.
Lo que también llama la atención es el silencio del otro lado: hasta el momento de publicarse la carta, ninguna autoridad del Gobierno Nacional se había comunicado con los organizadores para abordar la situación. La controversia queda entonces entre la Ciudad y los convocantes, mientras el Vaticano todavía no difundió el programa oficial de la visita. El escenario de fondo es el centro porteño, donde se cruzarán —o no— dos de los eventos más convocantes del año.
