El mismo fondo, el mismo funcionario, el mismo mecanismo. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de la administración Milei, anunció un plan de 2 billones de pesos para impulsar la compra de acciones y bonos a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, y para colocar parte de esos recursos en depósitos a plazo fijo que financien créditos hipotecarios a través de los bancos. El esquema es sencillo: la ANSES cobra el 3% de interés, los bancos le cobran el 7% a los tomadores del crédito, sin arriesgar capital propio. Negocio redondo para el sistema financiero, con plata que originalmente fue creada como reaseguro de las prestaciones jubilatorias.
Lo que el anuncio no dice es que este no es el debut de Caputo con el FGS. Durante el macrismo, en pleno 2017 y 2018, el entonces funcionario ya había recurrido al mismo fondo con resoluciones que autorizaban la emisión de Letras del Tesoro Nacional en pesos suscriptas por la propia ANSES. La Resolución 14-E/2018 habilitó la toma de hasta 16.000 millones de pesos de esa época. Días después, según registros de ese período, se volvió a recurrir al fondo por 91.000 millones adicionales, que sumados a una operación previa totalizaban más de 106.200 millones de pesos. Todo instrumentado mediante letras de deuda que el propio FGS suscribía, es decir, el Estado tomando prestado de sí mismo con la plata de los jubilados.
Y como si eso no alcanzara, también se señala que 450 millones de dólares de esa época del FGS habrían sido colocados en el fondo privado AXIS, vinculado al propio Caputo, quien luego lo transfirió. Una acusación que circula desde hace años y que nunca tuvo una respuesta judicial definitiva, pero que tampoco fue desmentida con documentación concreta por el funcionario.
El capítulo más reciente agrega otro ingrediente: el Fondo Hídrico, que recauda alrededor de 510.724 millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles y que por ley deben destinarse a obras viales e hídricas. Según datos que circulan en el ámbito político y técnico, la administración actual habría retenido más de 113.000 millones de ese fondo para “operaciones financieras”, lo que representa más del 22% de lo recaudado. Mientras tanto, provincias del interior con infraestructura deteriorada siguen esperando obras que nunca llegan.
El patrón que emerge no es nuevo ni sorprendente para quienes siguen la trayectoria del ministro: usar fondos públicos con destino específico para operaciones financieras que mejoran los números del Tesoro en el corto plazo, mientras las necesidades estructurales quedan postergadas. La pregunta que queda flotando es si esta vez habrá algún control efectivo sobre el uso del FGS, o si los jubilados volverán a ser la variable de ajuste silenciosa de un esquema que ya tiene historia.
