Sin reforma tributaria y con inflación a la baja pero todavía alta, el Presupuesto 2027 presentado por el ministro Luis Caputo deja un dato que no pasa desapercibido: la presión tributaria va a crecer más que los precios. La recaudación conjunta de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social sube un 27,9% respecto a lo proyectado para 2026, mientras la inflación estimada para ese año es del 21%. La diferencia no es menor: seis puntos y pico que el Estado se queda de más.
En términos del PBI, la presión tributaria pasará del 21,06% en 2026 al 21,70% en 2027, un incremento de 0,64 puntos porcentuales. El Gobierno lo justifica con mayor actividad económica, más comercio exterior, más puestos de trabajo y el efecto de los planes de pago de deudas impositivas. Todo bien en el papel, pero el bolsillo de las empresas y los trabajadores va a sentir el ajuste igual.
El dato más llamativo viene por el lado previsional. Los aportes y contribuciones a la seguridad social crecerían apenas un 19,7%, por debajo de la inflación del 21%, lo que implica una caída real. La razón es la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema para cubrir indemnizaciones por despido, cuya entrada en vigencia obligatoria está prevista para noviembre de 2026, aunque podría postergarse otra vez por falta de reglamentación. El resultado concreto: la recaudación previsional baja del 5,26% al 5,07% del PBI. Menos plata para la Anses, en un sistema jubilatorio que ya viene ajustado.
En materia de gastos tributarios, el presupuesto estima una pérdida potencial de recaudación de $51,9 millones, equivalente al 3,67% del PBI. El mayor peso lo tiene el IVA, que representa el 36,3% del total con $18,8 millones, principalmente por exenciones en salud, educación, medicamentos y libros. El segundo lugar, y acá el documento coincide con una observación que ya había hecho el FMI, lo ocupa el Monotributo con $15 millones (1,07% del PBI). Un régimen pensado para los pequeños que, en la práctica, genera un agujero fiscal enorme.
Hay un punto que el propio presupuesto deja en suspenso: el costo fiscal del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El mensaje oficial aclara que ese gasto tributario se estimará “en etapas posteriores”, dado el estado inicial de ejecución de los proyectos. Dicho de otro modo: los beneficios impositivos que el Estado resigna para atraer inversiones grandes todavía no están cuantificados. Una transparencia a medias.
El presupuesto también anticipa una fuerte actualización tributaria sobre los combustibles, lo que se traducirá en impacto directo en los precios de naftas y gasoil. Con una economía que empieza a recuperarse y salarios que todavía corren de atrás, cualquier suba en los combustibles tiene efecto en cadena sobre el costo de vida y el transporte de mercaderías.
