Dos versiones, un mismo hecho y una denuncia penal en el medio. Eso es lo que dejó la jornada en la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia de Entre Ríos, donde según el Gobierno un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE forzó el ingreso al edificio, generó forcejeos con el personal de Mesa de Entradas y profirió amenazas e intimidaciones contra los trabajadores del lugar.
La denuncia penal fue presentada por la Directora General de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp. Según su relato, el episodio ocurrió alrededor de las 10:30 horas y el grupo —en el que se identificaron dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional de ATE— se desplazó por las oficinas exigiendo la agilización de trámites gremiales. El cuadro que describe la funcionaria es serio: empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en el mobiliario. Un empleado llegó a encerrarse en una oficina y llamó al 911, aunque la policía no se hizo presente.
La denuncia no se limita a ese día. También menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la misma funcionaria. El Gobierno anunció que pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y pidió medidas de seguridad para el personal afectado.
Del otro lado del mostrador, Oscar Muntes, referente de ATE, salió a desmentir la versión oficial con firmeza. Reconoció que la protesta fue realizada “con vehemencia”, pero negó que hubiera violencia. Para el gremio, lo que el Gobierno llama incidentes graves no fue más que una movilización intensa de trabajadores reclamando por sus trámites. La diferencia entre ambas lecturas no es menor: lo que para uno es intimidación y daño, para el otro es legítima presión sindical.
Ahora será la Justicia quien tenga que determinar qué pasó realmente en esas oficinas. Los registros de cámaras y los testimonios que el Gobierno promete aportar serán clave para dirimir una disputa que, mientras tanto, escala en el plano institucional y tensiona aún más la relación entre la administración provincial y uno de los sindicatos estatales más activos de Entre Ríos.
