Una bodega con más de 160 años de historia llegó al límite. Viña Maipú, fundada en 1862, presentó su concurso preventivo ante la Justicia para hacer frente a una deuda que asciende a $384 millones, en lo que representa uno de los casos más resonantes del sector vitivinícola argentino en los últimos tiempos.
La empresa acumuló una serie de problemas que la dejaron sin margen de maniobra: falta de liquidez, cheques rechazados y un acceso al crédito cada vez más restringido terminaron de cerrar el cerco. La situación llegó a un punto crítico que obligó a sus directivos a buscar el paraguas judicial antes de que el derrumbe fuera total.
En el marco del proceso concursal, la bodega logró dos medidas clave para seguir operando: que no le cortaran el suministro eléctrico y que los bancos mantuvieran abiertas sus cuentas. Dos salvavidas mínimos pero indispensables para que la empresa no colapse de un día para el otro mientras negocia con sus acreedores.
El concurso preventivo es el mecanismo legal que permite a una empresa en crisis renegociar sus deudas bajo supervisión judicial, evitando la quiebra directa. Es, en términos prácticos, una última oportunidad para ordenar el pasivo y encontrar un acuerdo con quienes se les debe plata. No es el final, pero tampoco es una señal tranquilizadora sobre el estado del sector.
El caso de Viña Maipú se suma a un escenario donde varias empresas de larga trayectoria en la industria alimentaria y agroindustrial argentina enfrentan dificultades serias en un contexto de tasas altas, consumo deprimido y costos en dólares. Una bodega que sobrevivió guerras, crisis y cambios de siglo ahora pelea contra los números de una economía que no da respiro.
