Dos versiones, una sola escena y una denuncia penal en el medio. El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia contra ATE por lo que calificó como graves incidentes ocurridos en la Dirección de Recursos Humanos, con acusaciones que incluyen intimidaciones, forcejeos y daños materiales. Del otro lado, el gremio sale a desmentir punto por punto.
Oscar Muntes, referente de ATE, no tardó en responder. Reconoció que la protesta fue realizada con vehemencia, pero rechazó de plano que haya habido violencia. Según su versión, lo que el Gobierno llama incidente, el sindicato lo llama reclamo legítimo con energía. La diferencia entre esas dos lecturas es, precisamente, lo que ahora deberá resolver la Justicia.
El conflicto se inscribe en un clima de tensión creciente entre el Estado provincial y los gremios estatales, con paritarias, condiciones laborales y ajustes presupuestarios como telón de fondo permanente. Que una protesta sindical en una dependencia pública termine en denuncia penal no es un dato menor: marca el nivel de temperatura que tiene la relación entre el Ejecutivo entrerriano y los trabajadores organizados.
Lo que sigue ahora es el camino judicial. La denuncia está presentada y ATE tiene su versión firme. Entre la intimidación que denuncia el Gobierno y la vehemencia legítima que reivindica Muntes, hay un expediente abierto que va a obligar a los dos lados a probar lo que dicen.
