Durante años, decenas de miles de hectáreas de tierras que pertenecen a todos los entrerrianos estuvieron ocupadas sin control, sin registros y sin generar un solo peso para el Estado. 124.000 hectáreas en negro, administradas por nadie, aprovechadas por algunos. Hoy, el gobierno provincial dice que eso cambió.
El Gobierno de Entre Ríos informó que regularizó el 65% del total de la superficie de tierras fiscales de la provincia, a través del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales. La medida, impulsada desde la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, formalizó usos del suelo que hasta hace dos años eran irregulares o directamente clandestinos, y comenzó a generar ingresos concretos para las arcas provinciales.
El diagnóstico que encontró la actual administración al asumir era contundente: prácticamente la totalidad de las tierras fiscales estaba ocupada de forma irregular, sin control efectivo y sin ningún tipo de retribución al Estado. La gran mayoría de esos predios se concentran en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos de Gualeguay y Victoria.
Mauricio Colello, desde la Secretaría General de la Gobernación, fue directo: “Recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos. Durante muchos años hubo falta de control y de información; hoy estamos avanzando hacia un Estado que cuida y defiende lo que es de todos”.
La herramienta central para potenciar este proceso es la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), recientemente creada por el gobierno provincial. Su presidente, Eduardo Asueta, reconoció que todavía hay deuda pendiente: la provincia no cuenta con un inventario detallado de las características productivas ni del valor locativo de cada uno de los 200 lotes de propiedad provincial. Esa falta de información, admitió, hace que los costos de los permisos de uso se fijen con criterios generales que no siempre reflejan la realidad, lo que implica un subaprovechamiento del patrimonio estatal.
Asueta también adelantó que se trabaja en un esquema público y transparente de administración que permita a cualquier entrerriano saber qué se hace con cada inmueble provincial y participar en igualdad de condiciones en los contratos de uso oneroso del suelo. La meta declarada es llegar a regularizar la totalidad de las tierras fiscales de Entre Ríos. El camino recorrido es significativo; lo que falta, también.
