Hay funcionarios que predican con el ejemplo y hay otros que, directamente, predican lo contrario. Javier Pretto, viceintendente de una localidad de Córdoba, se ganó un lugar en la segunda categoría: le quitaron el carnet de conducir por acumular infracciones de tránsito hasta agotar todos los puntos de su licencia.
El caso tiene su cuota de humor involuntario: entre las infracciones que le costaron la inhabilitación, Pretto recibió dos multas por exceso de velocidad el mismo día. No una, dos. Como si la primera no hubiera alcanzado para bajar el pie del acelerador.
El resultado fue una inhabilitación de 60 días para conducir, período durante el cual el funcionario tuvo que arreglárselas sin su licencia. Un viceintendente, la segunda figura del ejecutivo municipal, circulando fuera de la ley por las calles de su propia jurisdicción.
Lo que más llama la atención no es el hecho en sí, que podría pasarle a cualquier conductor descuidado, sino la distancia entre el cargo y la conducta. Los funcionarios electos son, en teoría, los primeros obligados a respetar las normas que sus propios municipios aplican y cobran. El sistema de puntos en las licencias existe precisamente para que las infracciones repetidas tengan consecuencias reales, no para que queden en papel.
Ante la exposición pública del caso, Pretto reconoció: “Soy el primero que tengo que cumplir la ley”. Una frase que, dicha después de perder el carnet, suena más a toma de conciencia tardía que a convicción. Aunque hay que reconocerle algo: al menos lo admitió, sin intentar escudarse en el cargo ni en ningún privilegio.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda: si los propios funcionarios no respetan las normas de tránsito básicas, con qué autoridad moral exigen que las cumplan los vecinos. La inhabilitación ya se cumplió y Pretto recuperó su licencia tras los 60 días establecidos por la reglamentación vigente.
