Lo dijo sin rodeos y eso, en sí mismo, ya es una noticia. Adrián Ravier, vocero presidencial, admitió públicamente que parte de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles no llegaron a las rutas: quedaron a disposición del Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
El mecanismo no es nuevo, pero la confesión sí tiene peso. El Sistema Vial —conocido como SisVial— recaudó más de 1,5 billones de pesos y, sin embargo, registró una subejecución acumulada que supera el 70%. En criollo: se juntó la plata, pero no se gastó en lo que debía gastarse.
La lógica del Gobierno es clara aunque incómoda: el superávit fiscal es la prioridad número uno, y todo lo demás —incluyendo la infraestructura vial— queda subordinado a ese objetivo. El problema es que esa decisión tiene consecuencias concretas sobre caminos, puentes y rutas que en muchos casos ya están en estado crítico.
Para provincias como Entre Ríos, donde la conectividad vial es vital para la producción agrícola, la logística y el turismo, la noticia no es menor. Cada peso que no se ejecuta en rutas es un bache más, un tramo sin repavimentar, una ruta nacional que sigue esperando obras prometidas desde hace años.
La pregunta que queda flotando es cuánto de ese dinero desviado va a volver alguna vez al sistema vial, o si el equilibrio fiscal se construye, en parte, sobre el deterioro silencioso de la infraestructura del país. Por ahora, la única certeza es que el Gobierno eligió mostrar números en verde en las cuentas públicas mientras el asfalto espera.
