No es un trámite más: la Justicia Federal abrió la puerta para exigirle al Estado nacional que reactive rutas en Entre Ríos.
En la causa 12957/2026, el juez Martin habilitó el amparo presentado por Adán Humberto Bahl y otros contra el Estado nacional y el Ministerio de Economía.
El pedido apunta a reactivar obras y mantenimiento de la red vial con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
El fallo ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a organismos del gobierno nacional.
El eje del reclamo es la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte, que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.
Según Michel, cada vez que un argentino o un entrerriano carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para reparación de rutas.
El mismo Michel sostuvo que tres de cada cuatro pesos de ese fondo fueron derivados a instrumentos financieros, como bonos, títulos y acciones, en lugar de aplicarse a obras viales.
También manifestó que más de $1,5 billones de pesos que deberían haberse destinado a las rutas fueron a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno.
La denuncia pone en el centro rutas troncales como la Nacional 12, la Nacional 14, la Nacional 18 y la Nacional 174.
La 14, conocida como Ruta del Mercosur, recorre el este provincial y conecta ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
La 18 cruza de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.
La 127 conecta el centro-norte desde el empalme con la 12 cerca de Federal rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.
La 135 une la 14 con Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú.
La 174 es el enlace vial del Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.
También se mencionan la 130 cerca de Villa Elisa, la 131 entre Crespo y Diamante, la 136 hacia Fray Bentos y el acceso a Salto Grande.
El dato que pesa es simple: el impuesto que se cobra al cargar combustible tiene un destino específico, y la provincia reclama que ese dinero vuelva a las rutas.
Si el fondo es para rutas, la pregunta no puede ser menor: ¿dónde están los pesos?
No se trata de una queja de barrio: es un reclamo sobre dinero público, destino de impuestos y estado de la red vial provincial.
La Justicia no ordenó de golpe la obra: habilitó el amparo, notificó y pidió informes. Pero el mensaje es claro: el Estado nacional tiene que explicar qué hizo con el fondo.
El color político no se puede ignorar: el reclamo habla de superávit fiscal maquillado, una expresión dura que pone en la mesa una acusación sobre el manejo de las cuentas.
Pero ojo: mientras no haya resolución firme o informe oficial, esas afirmaciones son parte de la denuncia, no un dato cerrado.
Lo que viene será clave: los informes del gobierno nacional pueden confirmar, matizar o desmentir el uso de los fondos. Hasta entonces, la ruta sigue siendo el termómetro.
