Un budín que los docentes deben cortar en ocho pedazos exactos. Esa imagen, tan concreta como reveladora, resume el cuestionamiento que la abogada María de los Ángeles Petit le hace al nuevo sistema de alimentación escolar que se está implementando en Entre Ríos. Y la pregunta que lanzó al aire tiene la fuerza de lo obvio: “¿A quién se le ocurre que con eso se cubre el desarrollo y el crecimiento de un chico?”
El debate en torno al nuevo esquema de comedores escolares provinciales ganó temperatura después de que la Justicia convocó a las familias que puedan verse afectadas por su implementación. Para Petit, que no forma parte del proceso judicial pero está impulsando a las familias a sumarse al amparo colectivo, la resolución judicial es “una buena noticia” porque pone la mirada donde siempre debió estar: en los estudiantes. Y en lo que llega, o no llega, a su plato.
Uno de los ejes más duros de su crítica apunta a los alimentos que recibirán los chicos: galletitas, budines y otros ultraprocesados que reemplazarían la comida caliente tradicional. Pero hay algo que, según Petit, agrava todavía más el problema: las escuelas no recibieron ningún documento oficial que explique cómo funciona el nuevo sistema. Sin resolución, sin circular, sin nada. La información llegó de manera informal, a través de nutricionistas de Teknofood que recorrieron distintas instituciones para dar charlas sobre cómo distribuir los productos.
“No tienen resolución, no tienen circular, no tienen nada”, afirmó la abogada, y explicó que varios directivos de escuelas de Concordia se comunicaron con ella para pedir asesoramiento porque tampoco tienen claro cuáles serán sus responsabilidades frente al nuevo esquema. Algunas instituciones incluso enviaron notas a la Departamental de Escuelas y al Consejo General de Educación pidiendo precisiones. La respuesta formal, según Petit, nunca llegó.
La situación deja a los equipos directivos en un limbo: deben recibir, almacenar y distribuir productos sin saber exactamente qué norma los respalda ni qué pasa si algo sale mal. “Comedores solo mandó capacitadoras a dar charlas informales, pero no hay un solo documento administrativo formal sobre el cual protestar o exigir cambios”, señaló.
Petit también marcó una contradicción estructural en el diseño del sistema: la provisión de comida y el personal de cocina dependen de la Dirección de Comedores, mientras que el Consejo General de Educación pone la escuela y exige que sus docentes se hagan cargo de la atención. Dos áreas estatales, una misma responsabilidad que nadie termina de asumir.
En cuanto a los números, la abogada reconoció que “las cifras millonarias que se le pagan a Teknofood y las posibles irregularidades administrativas indignan a cualquiera”, pero advirtió que reducir la discusión solo al dinero es un error. “Enfocarse solo en el dinero hace que nos olvidemos de lo más grave: se está violando el interés superior del niño”, sostuvo. Y recordó algo que debería ser innecesario aclarar: para muchos chicos, el desayuno o la merienda que da la escuela no es un complemento, es la comida más importante del día. El debate sobre el sistema de comedores provinciales sigue abierto, con la Justicia como árbitro y las familias como protagonistas que recién empiezan a tomar la palabra.
