Cuarta vez en lo que va del año. Eso dice el registro, y el número no es menor: más de 1.800 millones de pesos de multa para un buque extranjero que decidió que las aguas argentinas eran tierra de nadie. No le salió gratis.
El barco en cuestión es el Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, detectado operando de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva argentina. La detección no fue casualidad ni golpe de suerte: la Secretaría de Agricultura informó que el hallazgo se logró a partir del monitoreo sistemático de los movimientos y la velocidad de la embarcación, una herramienta de control que viene dando resultados concretos.
El dato que más pesa no es solo la multa, sino la frecuencia. Cuatro buques extranjeros sancionados en lo que va de 2026 es una señal de que la presión sobre los recursos pesqueros nacionales no cede. El mar argentino es uno de los caladeros más ricos del Atlántico Sur, y esa riqueza atrae a flotas que no siempre respetan los límites ni las normas.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —lo que en el sector se conoce como pesca INDNR— representa una amenaza directa para la sustentabilidad de las especies y para los pescadores argentinos que operan dentro del marco legal. Cada tonelada que se lleva un buque pirata es una tonelada que le saca al país y a su gente.
La sanción al Hai Xiang 2 suma al historial de casos de este año y refuerza la señal de que el monitoreo satelital y el control de velocidad son herramientas efectivas para identificar conductas irregulares en alta mar. La pregunta que queda abierta es si las multas, por más millonarias que sean, resultan suficiente disuasivo para flotas que operan bajo banderas de conveniencia y con costos de operación que pueden absorber las sanciones sin demasiado esfuerzo. El debate sobre si endurecer aún más las penalidades sigue vigente en el sector pesquero nacional.
