Otra marcha atrás. El Gobierno nacional retiró del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, después de que las resistencias en el Congreso amenazaran con voltear el respaldo de los bloques aliados que el oficialismo necesita para avanzar con el resto de la iniciativa.
El capítulo en cuestión, el IV del proyecto oficial, tocaba dos artículos clave de la legislación vigente. El primero es el artículo 22 quáter, que hoy establece una restricción de 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias distintas sobre superficies que hayan sido afectadas por incendios. El segundo es el artículo 22 bis, que protege los bosques nativos incendiados durante 60 años e impide modificar el uso y destino de esas tierras, además de restringir su loteo, parcelamiento y desarrollo inmobiliario.
La lógica detrás de esas normas es sencilla y contundente: un incendio no puede ser el paso previo para cambiar el destino de un terreno. La ley vigente parte de esa premisa para evitar que la pérdida de cobertura vegetal termine facilitando una explotación económica que antes del fuego no hubiera sido posible. El proyecto oficial eliminaba directamente esas barreras, reduciendo las herramientas legales para frenar ese tipo de maniobras.
La reforma también planteaba transferir de manera exclusiva a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad sobre el manejo de los incendios, modificando el esquema de corresponsabilidad que establece la legislación nacional.
El punto más cuestionado era, precisamente, el del destino posterior de los terrenos incendiados. En un país donde los incendios forestales y rurales han arrasado extensas superficies y donde el cambio de uso del suelo puede mover intereses económicos enormes, eliminar esas restricciones generó un rechazo que el oficialismo no pudo ignorar. La resistencia fue suficiente como para poner en riesgo los votos necesarios para aprobar el resto del proyecto.
Frente a ese escenario, el Gobierno optó por retirar el capítulo IV antes de que el costo político se volviera insostenible. No es la primera concesión: el proyecto original llegó al Congreso con modificaciones para flexibilizar la adquisición de tierras rurales por extranjeros y reformar disposiciones vinculadas al Registro Nacional de Barrios Populares, capítulos que también fueron retirados o reformulados en el camino. Lo que llega al recinto es una versión sustancialmente más acotada que la propuesta inicial del Ejecutivo, resultado de un trámite legislativo que dejó en evidencia los límites del oficialismo para imponer su agenda sin negociar.
