No es que la provincia no pague. Paga sueldos, jubilaciones, deuda y servicios. El problema es otro, y es más profundo: Entre Ríos tiene cada vez menos margen para cambiar algo. Una estructura fiscal que se come casi todo el presupuesto antes de que arranque cualquier política pública.
Los números del Presupuesto Ciudadano 2025 son contundentes: el 90,8% de las erogaciones provinciales correspondió a gastos corrientes. Solo el 9,2% fue asignado a gastos de capital, y ni siquiera todo ese porcentaje termina en obra concreta: incluye transferencias, inversión financiera y otras partidas que no siempre se convierten en infraestructura.
La ejecución del primer trimestre de 2026 lo confirma con más precisión. El gasto en personal absorbió cerca del 40% del total; la seguridad social, el 23%; y la coparticipación a municipios, otro 10%. Solo esas tres líneas explican el 73% del gasto provincial. Lo que queda, después de sumar el servicio de deuda y el funcionamiento ordinario del Estado, es casi nada.
El capítulo del empleo público merece una lectura sin hipocresías. Entre Ríos cerró 2025 con aproximadamente 90.295 empleados públicos, equivalentes a 63 agentes cada mil habitantes. La media nacional ronda los 50. En la comparación regional, la provincia casi duplica la dotación relativa de Córdoba y supera en alrededor de un 50% a Santa Fe. La pregunta no es si los trabajadores públicos son el problema: educación, salud, seguridad y justicia necesitan gente. La pregunta es si el tamaño y la distribución de esa estructura se corresponden con la calidad real de los servicios que reciben los entrerrianos.
Cuando el gasto corriente es rígido y los ingresos no alcanzan, el ajuste cae siempre sobre lo mismo: la inversión. Y ahí los datos son directamente alarmantes. En 2025, Entre Ríos destinó apenas el 3,5% de su gasto total a inversión real ejecutada, considerando obra pública propia y transferencias de capital a municipios. Solo Tierra del Fuego (3%) y Santa Cruz (1%) estuvieron por debajo. En el otro extremo, Santiago del Estero invirtió el 25%, la Ciudad de Buenos Aires el 19% y La Pampa el 15%.
No es un dato contable. Es un dato de futuro. La inversión pública es la que financia rutas, caminos rurales, escuelas, hospitales, redes de agua, infraestructura energética y conectividad. Una provincia que deja de invertir no solo posterga obras: encarece la producción, reduce la competitividad y desalienta la radicación de empresas. Entre 2023 y 2025, el gasto de capital del conjunto de las provincias cayó alrededor de un 30% en términos reales, y Entre Ríos estuvo entre las más afectadas.
Este no es el resultado de una sola gestión ni de una coyuntura nacional puntual. Es la acumulación de décadas de gastos permanentes crecientes, estructuras administrativas que se expandieron sin correlato en servicios, desequilibrios previsionales sin resolver y ausencia de una reforma sostenida del Estado provincial. La provincia recauda, gasta y se endeuda. Pero el margen para transformar algo se achica año tras año.
