Un semáforo que no debería existir. En el Sanatorio Concordia, el sistema de triage —pensado para clasificar urgencias médicas— se convirtió en un filtro para decidir quién entra y quién no. Los códigos verde y amarillo, que corresponden a urgencias leves y moderadas, quedaron fuera de la guardia. Solo se atiende el rojo: riesgo de vida. Todo lo demás, a esperar.
El problema de fondo no es nuevo. Desde hace cuatro o cinco meses, según informó la Mesa de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, la atención en el sanatorio viene deteriorándose. Desde el 1° de mayo, las consultas con especialistas están restringidas y las cirugías programadas no urgentes quedaron suspendidas. Solo pasan las urgencias y los tratamientos oncológicos. Para los 15.000 afiliados al PAMI en Concordia, eso es mucho lo que queda afuera.
José Ramón Cabrera, integrante de la Mesa de Jubilados, explicó que la responsable local del PAMI, Karina Bernardi, les confirmó que los pagos —cerca de 370 millones de pesos mensuales— se depositan y cobran con regularidad. Pero Cabrera fue directo: no hay correlación entre lo que se paga y lo que se recibe. Jubilados que esperan fecha para operarse y escuchan “tres o cuatro meses”. Pacientes oncológicos que aguardan medicamentos que no llegan.
El propio presidente del directorio del sanatorio, Andrés Lemesoff, lo dijo sin rodeos en declaraciones del 8 de julio: el PAMI no tiene deuda en términos formales, pero el atraso en la actualización de aranceles llegó al 125% contando desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026. “Estamos facturando a valores de 2024 y asumiendo costos de mediados de 2026”, señaló. Para Lemesoff, ese desfasaje es igual o peor que una deuda.
Las consecuencias ya se sienten puertas adentro: el sanatorio comenzó a pagar salarios en dos cuotas. Y si no hay recomposición arancelaria antes del 1° de septiembre, podría activarse la rescisión del contrato con el PAMI. Cabrera advirtió que incluso existe la posibilidad de un concurso de acreedores a partir del 1° de octubre.
La Mesa de Jubilados dejó en claro que su preocupación no pasa por defender la salud financiera del sanatorio. Lo que les quita el sueño es otro escenario: qué pasa con las 30 camas de internación destinadas prioritariamente a jubilados, y quién absorbe la atención si el contrato se cae. Una pregunta que, por ahora, nadie responde.
El reclamo ya llegó a Paraná antes de tener respuesta en Concordia. La Mesa envió notas a concejales, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, y a legisladores de ambas cámaras. Los legisladores provinciales del bloque justicialista presentaron un proyecto de declaración para exigir medidas urgentes que garanticen la continuidad de la atención. La pelota está en la cancha de quienes tienen poder de decisión. El reloj corre.
