El 6 de agosto el Gobierno nacional intentará, por cuarta vez, modificar la Ley N.º 26.737, la norma que desde 2011 pone límites concretos a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto lleva el nombre de «Inviolabilidad de la propiedad privada», pero lo que esconde detrás de ese eufemismo es un cambio de fondo en las reglas que hoy protegen el suelo argentino.
La ley vigente es clara en sus tres ejes: los extranjeros no pueden poseer más del 15 % de las tierras rurales del país; de ese porcentaje, los ciudadanos de una misma nacionalidad no pueden superar el 30 %; y ningún titular extranjero puede acumular más de mil hectáreas. Para controlar esos límites, la norma creó el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. Un andamiaje institucional que el proyecto oficial busca desmantelar o debilitar.
El debate no es nuevo. La historia de la tierra en la Argentina es, en buena medida, la historia de su concentración. El primer gran antecedente es la Ley de Enfiteusis, sancionada el 18 de mayo de 1826 bajo la gestión de Rivadavia, en el contexto del célebre empréstito Baring Brothers: un préstamo internacional cuyos fondos, según los registros históricos, nunca llegaron a Buenos Aires pero que dejó las tierras públicas inhibidas de ser vendidas. La salida que encontró Rivadavia fue entregarlas en alquiler por veinte años a un canon ridículo: 8 % anual para campos ganaderos y 4 % para sembrados, sin límite de hectáreas ni de propiedades por persona.
El resultado fue previsible. Familias como los Anchorena, Alvear, Díaz Vélez, Álzaga, Unzué, Azcuénaga, Pacheco, Pereyra y Santamarina se hicieron de millones de hectáreas que nunca devolvieron al Estado. La inestabilidad política de la época hizo que el canon tampoco se pagara. Así nació la oligarquía terrateniente pampeana, con pocas ramas pero muy frondosas.
Dos siglos después, el debate regresa con otra forma pero con la misma tensión de fondo: quién tiene derecho a poseer la tierra argentina. La ciudadanía, que durante años miró este tema con distancia, empieza a prestarle atención. El 6 de agosto será una fecha clave para saber si el Congreso avanza en una dirección que, para muchos sectores, representa un retroceso histórico en materia de soberanía territorial.
