El fallo de la Corte dejó la tierra en el centro del tablero político y volvió a encender una discusión que parecía archivada. La venta de tierras rurales a extranjeros pasó a ser, de nuevo, un tema de peso para el Gobierno, el Congreso y los sectores productivos.
El máximo tribunal reponía la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, una de las disposiciones con las que el Gobierno de Javier Milei derogó la llamada Ley de Tierras. La norma eliminaba las restricciones que fijaba la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, rechazó la decisión y advirtió que el fallo no resolvió el fondo de la discusión constitucional. Según la entidad, la Corte dejó sin efecto una resolución judicial anterior porque consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación suficiente para promover una acción colectiva.
El planteo había llegado a la Justicia a partir de una acción impulsada por el CECIM, que cuestionó la derogación de las restricciones. En una instancia anterior se había dispuesto la suspensión de la aplicación del artículo 154, medida que ahora quedó sin efecto. Para APYME, el problema no fue solo el resultado: fue la forma, porque el tribunal resolvió desde el aspecto procesal.
El comunicado vinculó la derogación de la Ley de Tierras con un planteo más amplio sobre el impacto del DNU 70/2023 en las normas de protección de la producción nacional. La entidad sostuvo que la reforma alcanzó también regulaciones vinculadas con las relaciones de producción y consumo, las cadenas productivas locales y las pequeñas y medianas empresas.
El pronunciamiento se conoció mientras distintos sectores empresarios participan del Coloquio de IDEA y en momentos en que el Gobierno nacional desarrolla una nueva gira internacional. APYME vinculó ambos hechos con su cuestionamiento al rumbo económico y productivo de la administración nacional.
En ese marco, APYME convocó a cuestionar públicamente la decisión judicial y afirmó que la discusión debería continuar en el Congreso Nacional. La entidad afirmó que corresponde al Poder Legislativo revisar la normativa y eventualmente restablecer los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
En el Gobierno hubo incomodidad y prudencia. Desde París, donde encabeza el foro Argentina Week, el presidente Javier Milei evitó dar una opinión de fondo: “No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema”, dijo, y agregó: “Es decisión de ellos, me parece fantástico que bajen lo que les parezca correcto acorde a la Constitución”.
En la Casa Rosada, en cambio, fueron más prudentes. Reconocieron que el fallo genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para el Ejecutivo y lo vuelve a traer a la agenda. También advirtieron que, como efecto colateral, pone en riesgo el DNU que incluía la derogación de la ley de tierras y un amplio abanico de temas: la nueva ley de alquileres, la desregulación de obras sociales y medicina prepaga, y las privatizaciones de empresas públicas.
El antecedente pesa: el Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente porque la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. Ahora, con el fallo, la discusión vuelve a estar sobre la mesa.
La diputada nacional Myriam Bregman, del FIT-Buenos Aires, reclamó la anulación del decreto “ya mismo” y señaló que se necesitan 10 firmas para forzar una sesión especial. “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.
El pronunciamiento de APYME fue firmado por su presidente, Julián Moreno, y por el secretario de la entidad, Juan José Sisca. La entidad vinculó además la propiedad de la tierra con un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo, la protección de las empresas nacionales y el control sobre los recursos del país.
La discusión queda en el Congreso, donde se debate si el DNU 70/2023 mantiene o pierde vigencia. Mientras tanto, el fallo dejó un escenario incómodo: la tierra, el decreto y la Corte en el mismo tablero.
