La venta de tierras rurales a extranjeros volvió a meterse en el centro del debate, y no con un detalle menor: lo hizo tras un fallo de la Corte Suprema. Ese movimiento judicial encendió la alerta en el Congreso, donde senadores de la oposición presentaron un proyecto para restituir la Ley 26.737 y recuperar el límite del 15% de titularidad extranjera.
El dato duro es simple: no se trata de una discusión de esquina, sino de un tope legal que define cuánta tierra puede estar en manos de personas o sociedades extranjeras. Si se recupera el 15%, el debate vuelve a poner sobre la mesa la propiedad rural, la inversión y el peso de la política territorial en la agenda nacional.
La oposición, con este paso, busca volver a ordenar el mapa. El proyecto apunta a restituir la Ley 26.737, una norma que había fijado un límite claro para la titularidad extranjera. No es una maniobra menor: es una señal de que el tema sigue vivo, con fuerza, y de que el fallo de la Corte Suprema reabrió una puerta que muchos creían cerrada.
¿Por qué importa? Porque la tierra no es solo un activo: es territorio, producción, empleo, soberanía y poder. Cuando se discute cuánta superficie puede quedar en manos de extranjeros, se está tocando una fibra sensible de la estructura rural. Y cuando aparece un fallo judicial que modifica el escenario, el Congreso no puede quedarse mirando: tiene que dar respuesta.
Acá no alcanza con decir que se vende o que se compra. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta dónde puede llegar la participación extranjera en el campo del país? ¿Debe haber un límite nacional para proteger el interés colectivo? ¿O conviene abrir la puerta al mercado sin candados? El proyecto de los senadores opositores elige, al menos, marcar un límite: el 15%.
El color político también está presente. No es casual que la iniciativa venga de la oposición, que busca marcar una postura frente a un fallo de la Corte Suprema. El proyecto busca recuperar un límite, y eso reordena el debate entre apertura y control. Y el campo, con su peso económico y social, queda en el centro de la pelea.
La clave está en la previsibilidad. Cuando existe un tope legal, el mercado sabe hasta dónde puede llegar la titularidad extranjera. Cuando ese tope se discute, se abre una zona gris que genera incertidumbre para un recurso tan estratégico.
Por ahora, el proyecto está en el Congreso y la discusión sigue abierta. Lo que está en juego no es solo un número: es el peso de la tierra en la agenda nacional y la manera en que el país decide quién puede ser dueño de su campo.
