Seis meses de deuda acumulada. Eso es lo que enfrenta la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Ambver), la entidad que garantiza la cobertura médica de quienes se juegan la vida en cada cuartel de la provincia, sin sueldo y sin horario fijo. El dato lo pusieron sobre la mesa los propios representantes del sistema provincial de bomberos, y ahora llegó a la Legislatura.
Diputados del bloque justicialista presentaron un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo provincial que agilice las transferencias de fondos pendientes a la mutual. La iniciativa, impulsada por la diputada Lorena Arrozogaray, apunta directamente al Ministerio de Seguridad y Justicia y a la Dirección Provincial de Defensa Civil, que son los organismos con responsabilidad en la cadena de pagos.
El proyecto no se limita a pedir que se pague: también solicita al Ejecutivo que informe el estado de los expedientes administrativos vinculados a esos desembolsos, el monto total de la deuda, los períodos comprendidos y el cronograma previsto para cancelarla. Transparencia y plazos concretos, no promesas en el aire.
Hay otro problema que los legisladores pusieron en el mismo paquete: la demora en la aprobación de las altas mensuales de nuevos integrantes. Cada bombero que se suma al cuerpo activo tiene que esperar que el sistema administrativo le dé el visto bueno para acceder a la cobertura médica. Mientras eso no ocurre, presta servicio voluntario sin respaldo sanitario. Una paradoja difícil de defender.
Los fundamentos del proyecto también piden precisiones sobre la implementación de las modificaciones reglamentarias vinculadas a la Ley Provincial Nº 11.116, la norma que regula el marco de funcionamiento de los bomberos voluntarios y sus prestaciones. La pregunta de fondo es si el Estado provincial está cumpliendo con lo que la propia ley le ordena.
Los legisladores justicialistas subrayaron que los bomberos voluntarios cumplen una tarea esencial para la comunidad y que los mecanismos administrativos no pueden convertirse en el obstáculo que interrumpa las prestaciones de salud que la normativa vigente garantiza. La pelota queda ahora en el campo del Ejecutivo provincial, que deberá responder en los plazos que fija el reglamento legislativo.
