Hay una palabra que duele más cuando la pronuncian los que más saben de ella: desamparo. Y fue exactamente esa la que usó el Consejo Diocesano de Acción Católica Argentina de Concordia para describir lo que están viviendo los afiliados de PAMI en la ciudad, en medio del conflicto generado por la interrupción de la atención en un sanatorio privado local.
La organización difundió una carta pública que no deja margen para la tibieza. “Hoy nuestros ancianos deambulan de hospital en hospital, esperando atención“, dice el texto, y la imagen que construye esa frase es tan concreta como incómoda: personas mayores, con sus historias clínicas bajo el brazo, buscando una puerta que no se les cierre en la cara.
La carta recupera el Pacto de San Antonio de Padua, aquel acuerdo multisectorial firmado en junio de 2016 por intendentes de la región de Salto Grande y ratificado por decreto en julio de 2018, que en su punto 8 comprometía a los firmantes a “trabajar para garantizar el acceso universal a la salud”. Un compromiso que, a la luz de la situación actual, suena a promesa incumplida.
Acción Católica no esquiva la desigualdad que hay detrás del problema. “Tal vez algunos de nuestros viejos tengan posibilidades de ir a un instituto privado, y abonar lo que éste le solicita. Tal vez otros tengan una obra social distinta. Pero hay una masa muy grande de nuestros queridos ancianos que dependen de PAMI”, planteó la entidad. Dicho de otro modo: los que tienen plata se atienden, los que no, esperan.
El peso de esa espera cae sobre el sistema público de salud, que ya recibe a quienes no tienen ninguna cobertura. Sumarle la demanda de los afiliados de PAMI sin prestaciones privadas disponibles es una presión que ningún hospital absorbe sin consecuencias.
El tono de la carta sube cuando llega al reclamo concreto. “A quienes tienen en sus manos la toma de decisiones les pedimos, y les exigimos con firmeza: busquen una salida, la más humana posible“, dice el texto. No es una súplica: es una exigencia con nombre y apellido institucional. Y al mismo tiempo, la organización abre una puerta al diálogo: “Abramos el juego, que entre todos, en un diálogo respetuoso y honesto podremos encontrarla”.
El pronunciamiento lleva las firmas del presbítero José David Zabaleta, asesor del Consejo Diocesano, y de María Elena Malvasio, presidenta del Consejo Diocesano de ACA Concordia. La carta cierra con una frase que resume todo: “Los que construyeron nuestra comunidad, los que nos dieron tanto, hoy necesitan que les retribuyamos al menos con justicia”. Una deuda que, mientras el conflicto entre PAMI y el sanatorio privado sigue sin resolverse, sigue creciendo.
