Quiso hacer lo que cualquier docente haría: meterse en el medio para parar una pelea. El resultado fue quedar inconsciente en el piso. Ahora, la Justicia le puso número a esa responsabilidad: $24,6 millones más intereses.
La profesora de Educación Física sufrió el golpe mientras intentaba separar a dos alumnos durante un torneo intercolegial de handball. No era un recreo cualquiera ni una situación menor: era un evento organizado, con instituciones responsables, con adultos a cargo. Y aun así, fue ella quien terminó pagando el precio con su cuerpo.
La sentencia confirmó la responsabilidad de los colegios involucrados, del organizador del torneo y del alumno agresor. Tres actores, tres responsabilidades, una sola víctima. El fallo deja en claro que la violencia en los espacios educativos no es un hecho aislado que se resuelve con un llamado a los padres: tiene consecuencias legales concretas para quienes deben garantizar la seguridad.
El caso pone sobre la mesa una pregunta que el sistema educativo viene esquivando hace tiempo: ¿qué protocolo real existe para proteger a los docentes cuando la situación escala? La profesora intervino porque era lo correcto. Pero esa decisión le costó un golpe, una pérdida de conciencia y un proceso judicial que no debería haber sido necesario si los mecanismos de prevención y contención hubieran funcionado.
La indemnización de $24,6 millones más intereses es una reparación económica, no una solución estructural. El dinero no borra el hecho, no cambia el protocolo, no capacita a nadie. Lo que sí hace es sentar un precedente claro: cuando una institución educativa falla en su deber de cuidado, la Justicia puede y debe intervenir. Eso, al menos, es algo.
