Hay casos que tardan décadas en llegar a la Justicia, y cuando llegan, ya hay demasiado daño acumulado. El Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) es uno de esos casos: una historia de vertidos industriales sin control, una planta de tratamiento que nunca alcanzó, y directivos que, según la causa penal en curso, miraron para otro lado cuando aparecieron las víctimas.
El PIG nació en 1974 con una misión clara: frenar la emigración juvenil y diversificar la economía local tras el cierre del Frigorífico Gualeguaychú. Se consolidó con el Decreto Municipal N° 157/75 y el Decreto Provincial N° 417, y se emplazó en un predio de 214 hectáreas en la intersección de la Ruta Nacional N° 14 y el Acceso Sur a la ciudad. En el diseño original estaba prevista una Planta de Tratamiento de Efluentes, ubicada frente al parque, sobre la ruta. Los que lo planificaron creyeron que con esa planta el problema quedaría resuelto.
No quedó resuelto. La planta resultó chica, insuficiente para procesar los vertidos de las industrias que se fueron radicando: metalúrgicas, fábricas de baterías, empresas químicas y muchos rubros más. Con los años, los cientos de trabajadores del parque sumaron también desechos cloacales al problema. El sistema colapsó por acumulación, no por un accidente puntual.
El comportamiento de las empresas involucradas responde a una lógica que no es nueva ni exclusiva de Gualeguaychú: liberar los residuos fuera del predio y trasladar el costo a la comunidad. Lo que los economistas llaman con elegancia “externalidades negativas” es, en términos concretos, contaminar y que se haga cargo otro. Esta práctica tiene antecedentes locales y regionales de sobra, desde el conflicto de Botnia hasta los debates actuales por el uso de agroquímicos en la agricultura industrial.
La CODEGU —Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, una ONG surgida del Centro Comercial local— fue quien impulsó y gestionó el PIG durante años, convirtiéndolo en uno de los parques industriales más activos del país. Pero esa misma estructura de conducción es la que hoy enfrenta la Justicia penal por no haber actuado frente a los reclamos de contaminación. Según la causa, la actitud fue sistemática: cuando aparecían las víctimas, los directivos miraban para otro lado.
El Municipio de Gualeguaychú, por su parte, nunca ejerció con autoridad su rol de policía ambiental, dejando un vacío de control que permitió que la situación se extendiera durante décadas sin consecuencias institucionales. La acumulación de intereses —industriales, comerciales, políticos— generó un nudo que hoy solo la Justicia parece dispuesta a desatar. El procesamiento penal de los directivos del PIG marca un punto de inflexión: por primera vez, la responsabilidad por los vertidos tiene nombres y apellidos concretos ante un tribunal.
