La tormenta no amainó sola. El Gobierno de Entre Ríos salió a defender públicamente el nuevo esquema de compras para los comedores escolares, después de una semana cargada de cuestionamientos que llegaron desde varios frentes a la vez: gremios docentes, comerciantes, nutricionistas y la oposición política.
El detonante fue el cambio de modalidad que desplazó a cientos de comercios locales que hasta ahora abastecían a las escuelas a través de tarjetas alimentarias. Ese golpe motivó pronunciamientos de AGMER Concordia y del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), que reclamaron precisiones y advirtieron sobre el impacto económico en los pequeños negocios de la provincia. A eso se sumó un documento de profesionales de la nutrición que cuestionaron que el nuevo sistema reemplaza alimentos frescos por productos ultraprocesados y concentra la provisión en un único proveedor.
La pólvora política también se encendió. El ex diputado nacional y precandidato a gobernador Marcelo Casaretto apuntó contra la adjudicación a Teknofood, luego de que trascendiera que el monto máximo de la contratación escaló de alrededor de 42.000 millones de pesos en el llamado original a poco más de 101.000 millones tras la ampliación del plazo contractual.
La respuesta oficial intentó desactivar cada uno de esos focos. El Ejecutivo aclaró que la contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, prevista en la normativa provincial, y subrayó que el monto consignado es un tope máximo, no una erogación ya ejecutada. «El monto informado constituye el límite máximo previsto para la contratación y la ejecución dependerá del consumo efectivo durante los ciclos lectivos alcanzados por el contrato», señala el comunicado oficial.
Sobre el proceso licitatorio, la Provincia informó que el expediente se inició en agosto de 2025 y que el llamado fue autorizado en abril de 2026. Se presentaron dos empresas, pero una fue descartada por incumplimientos documentales, mientras que Teknofood cumplió con los requisitos técnicos y de calidad exigidos en los pliegos.
El argumento central de la centralización fue el control. El Gobierno sostuvo que el sistema anterior generaba diferencias entre escuelas en la calidad de los productos, precios dispares para alimentos similares y dificultades para ejercer controles homogéneos. Además, vinculó la reforma con las auditorías realizadas desde el inicio de la gestión, que derivaron en diez denuncias penales por presuntas irregularidades detectadas en distintas localidades de la provincia, más sumarios administrativos y otras actuaciones internas.
El director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, fue directo: «Así sea una sola denuncia o un solo desvío de fondos públicos, este Gobierno no lo va a permitir». En cuanto a las críticas nutricionales, la Provincia respondió que la empresa adjudicataria está especializada en alimentos fortificados para instituciones educativas, con aporte de vitaminas y minerales, grasas saludables y sin conservantes ni colorantes. La polémica, sin embargo, no parece estar cerca de cerrarse: los sectores críticos aún esperan respuestas concretas sobre cómo se garantizará la calidad en cada escuela y qué pasará con los proveedores locales que quedaron afuera del nuevo esquema.
