No es nuevo, pero el Gobierno lo volvió a poner sobre la mesa. El subsecretario de Políticas Universitarias salió a recordar que el DNU 366/2025 sigue vigente y que las universidades nacionales tienen plena facultad para cobrarles aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
La ratificación no es un detalle menor. Desde que el decreto fue firmado, el debate sobre la gratuidad universitaria y su alcance para ciudadanos de otros países no se cerró: sectores del movimiento estudiantil y algunas casas de altos estudios resistieron la medida, mientras el oficialismo insistió en que la educación pública argentina no puede seguir siendo un servicio gratuito para quienes no tienen arraigo legal en el territorio.
El propio Javier Milei se sumó a la discusión a través de sus redes sociales, respaldando la postura de su equipo y reforzando el mensaje: las universidades tienen la herramienta, depende de cada institución usarla. El presidente no dejó pasar la oportunidad de enmarcar la medida en su lógica de racionalización del gasto público y defensa de quienes, según su visión, sostienen el sistema con sus impuestos.
El decreto no obliga a las universidades a cobrar, sino que las habilita a hacerlo. Esa distinción es clave: cada institución tendrá que decidir si implementa el arancel, en qué monto y con qué criterios. Lo que el Ejecutivo deja en claro es que el paraguas legal existe y que no tiene intención de retirarlo.
El tema promete seguir generando rispideces en el sistema universitario argentino, donde la gratuidad históricamente fue bandera y donde cualquier modificación a ese principio enciende alarmas. La discusión sobre quién tiene derecho a estudiar gratis en la Argentina pública está lejos de saldarse.
