La Ley de Tierras se convirtió en el nuevo campo de batalla político entre el Gobierno nacional y la oposición. El proyecto que impulsa la administración de Javier Milei para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros chocó de frente con el rechazo de la Unión Cívica Radical, que cuestionó de fondo la iniciativa y dejó en evidencia que los números en el Senado no cierran.
El bloque radical no es un actor menor en esta ecuación. Su posición negativa le quitó al oficialismo el piso mínimo necesario para avanzar, y la sesión que se esperaba en el Senado terminó siendo postergada. Sin acuerdos a la vista, el debate quedó en suspenso y la fecha tentativa para retomarlo apunta a agosto.
La discusión de fondo no es menor: se trata de hasta dónde puede llegar la extranjerización de la tierra en la Argentina. La normativa vigente pone límites a la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, y el proyecto oficial busca aflojar esas restricciones. Para la UCR, eso es demasiado. Para el Gobierno, es una herramienta para atraer inversiones. La grieta entre esas dos lecturas es, por ahora, insalvable.
Lo que queda claro es que el oficialismo no tiene los votos asegurados y que la incertidumbre en la Cámara alta seguirá marcando el ritmo de este debate al menos durante las próximas semanas. El mes de agosto llegará con esta discusión pendiente y con los bloques opositores midiendo hasta dónde están dispuestos a ceder, si es que están dispuestos a ceder algo.
