Los números no mienten, aunque incomoden. Los últimos datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) confirman que en abril de 2026 se perdieron 1.814 empresas más, una caída del 0,37% que no es un tropiezo sino la continuación de una hemorragia que ya lleva más de dos años sin parar.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el tejido productivo formal argentino perdió 28.262 empresas, lo que representa una caída del 5,5% del universo empresarial con al menos un empleado registrado. Solo en el primer cuatrimestre de este año desaparecieron 5.654 compañías, y casi dos tercios de ese total se concentraron en los meses de marzo y abril.
Detrás de cada cifra hay un local cerrado, una familia sin ingresos, un proyecto que no pudo sostenerse. Y en su mayoría son pymes las que se apagan. El Gobierno intentó relativizar el impacto argumentando que las empresas que caen son pequeñas, pero desde Fundar advirtieron que los datos del SRT solo registran salidas de categoría, no necesariamente quiebras: una empresa puede perder dos empleados y desaparecer del radar estadístico sin haber cerrado formalmente. El problema real, sin embargo, es que la tendencia es sostenida y no da señales de revertirse.
El daño en el empleo es igual de contundente: en el mismo período se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales. Las pymes, que generan el 70% del empleo registrado del país, están atrapadas en una espiral de caída de ventas, falta de financiamiento y mora creciente. El CEO del Banco Galicia, Diego Rivas, lo sintetizó con crudeza: “Aún hoy el nivel de mora en las pymes sigue subiendo, a diferencia de lo que venimos viendo con individuos, donde ya encontramos un techo”. Mientras los hogares muestran cierta estabilización en sus deudas, las pequeñas empresas siguen ahogándose.
Una encuesta del Observatorio Pyme reveló que el 60% de las pymes considera que los retrasos en el pago de sus clientes son uno de sus principales problemas, frente al 35% que lo identificaba así un año antes. La cadena de pagos se rompe, y con ella la capacidad de pagar salarios y aguinaldos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya alertó que el 70% de los empresarios sufrió extensiones unilaterales de plazos de pago por parte de clientes, y más del 50% enfrentó incumplimientos mayores. La CAME pidió al Gobierno un plan de auxilio urgente: suspensión de embargos y multas, reducción de sanciones fiscales y planes de hasta 48 cuotas para regularizar deudas. Hasta ahora, sin respuestas concretas.
El diagnóstico de las cámaras empresariales es unánime: no hay reactivación posible sin incentivos al consumo y un alivio fiscal real. La estabilización macroeconómica que celebra el Gobierno no llega a los balances de las pequeñas empresas. Si la sangría no se detiene, el tejido productivo que genera la mayor parte del empleo registrado del país podría quedar dañado de forma difícil de revertir.
