La situación judicial de Edgardo Kueider se complica cada vez más, y ahora desde el otro lado de la frontera. La justicia de Paraguay lo imputó formalmente por lavado de dinero en una causa que se abrió a partir de los antecedentes remitidos por la justicia argentina. La imputación fue presentada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y fue admitida por el juez de garantías interino Rodrigo Estigarribia, quien convocó a los imputados a una audiencia de medidas cautelares prevista para el 15 de julio.
Todo arranca en diciembre de 2024, cuando Kueider fue detenido en Ciudad del Este intentando ingresar desde Brasil con US$ 211.000 sin declarar. Pero la investigación fue desenredando una madeja mucho más compleja: según la fiscalía paraguaya, el entonces senador habría intentado comprar al menos seis departamentos en Asunción. Su novia, Guinsel Costa, habría desembolsado más de US$ 460.000 en efectivo para concretar esas operaciones, que finalmente no se cerraron y el dinero fue devuelto.
La cronología de los pagos es llamativa. El primer desembolso fue en abril de 2024, por US$ 120.000, a la firma Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salúm Pires. Luego vino una serie de transferencias en efectivo durante junio y julio: US$ 250.000 el 20 de junio, apenas días después de la aprobación de la Ley de Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, votación en la que el voto de Kueider fue decisivo. El monto total se distribuyó en siete pagos que sumaron los US$ 460.379 pactados en el contrato de compraventa.
Las fiscales sostienen que Kueider, Guinsel, Andrés Torales y Fernando Cousirat montaron un esquema organizado para introducir fondos de procedencia ilícita en el sistema financiero paraguayo. La empresa Golsur SA, donde Guinsel aparece como apoderada, habría funcionado como estructura de fachada para ocultar la verdadera propiedad y trazabilidad del dinero. Innova Asunción tiene vínculos con Exclusiva Py EAS, cuyos representantes son precisamente Torales y Cousirat, ambos socios de Golsur.
Los inmuebles están individualizados y la fiscalía considera que hay sospechas suficientes para vincularlos con el circuito de operaciones investigado. La audiencia del 15 de julio definirá qué medidas cautelares se aplican sobre los imputados mientras avanza la investigación en territorio paraguayo.
