La semana del 9 de Julio siempre invita a algo más que el desfile y el asado. Invita a preguntarse, con honestidad, qué queda de aquel proyecto que un puñado de diputados —33, para ser exactos— firmaron en Tucumán en 1816. Y la respuesta, en 2026, no es cómoda.
El gobierno nacional tomó decisiones que merecen ser nombradas sin eufemismos: la venta, concesión o cierre de empresas que representaban soberanía en sectores clave. Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, Correo Argentino, Aguas y Saneamientos Argentinos, Intercargo, Belgrano Cargas, Transener, Enarsa y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras. Vale la pena detenerse en un detalle: la mayoría de esas empresas llevaban en su nombre la palabra Argentina. No es un dato menor. A eso se suma la entrega de la mayor vía navegable del país a manos extranjeras, y la judicialización de comunidades de pueblos originarios que defienden sus tierras frente al avance de intereses privados.
Pero volvamos a 1816, porque la historia tiene mucho para decirle al presente. La Independencia no fue un acto espontáneo ni un gesto heroico de una mañana. Fue el resultado de años de debate, presión y urgencia política. José de San Martín lo dejó escrito con una claridad que hoy sigue golpeando: en enero de ese año le reclamaba a Godoy Cruz que el Congreso actuara, que las provincias esperaban, que la indecisión era un lujo que no podían darse. En mayo, el tono ya era casi desesperado: «¿Si en el fermento horrendo de pasiones existentes, choque de partidos indestructibles y mezquinas rivalidades, no solamente provinciales sino de pueblo a pueblo, podemos constituirnos nación?».
Esa pregunta, formulada hace más de dos siglos, resuena con una vigencia incómoda. El Congreso que declaró la Independencia fue convocado por el Director Supremo Álvarez Thomas en 1815, y sesionó en un contexto de enorme fragilidad: el absolutismo avanzaba en Europa, España recuperaba territorios en América, y el Río de la Plata se desangraba en disputas internas. No estuvieron representadas Entre Ríos, Corrientes, Misiones ni los Orientales, porque Artigas había constituido su propia Liga de los Pueblos Libres tras el Congreso de la China y no envió diputados a Tucumán. La unidad, incluso entonces, era una aspiración más que una realidad.
Lo que sí quedó de aquel proceso fue una agenda concreta: organización militar, desarrollo de la marina, habilitación de puertos, escuelas de náutica, creación de una Casa de Moneda. Un Estado que se pensaba a sí mismo como actor económico y estratégico, no como administrador de retiro. Esa visión de soberanía activa es la que hoy está en disputa, y el debate sobre qué significa ser independientes en 2026 no tiene respuesta fácil ni consenso a la vista.
