Con el voto de los tres bloques, el Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles el proyecto que elimina las pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores de la provincia. Un privilegio de más de seis décadas que, según el consenso legislativo, ya no tiene razón de ser.
La iniciativa apunta a derogar la Ley N° 4.506, sancionada en 1965, que garantizaba a quienes hubieran sido electos gobernador o vicegobernador una pensión equivalente al 75% de la remuneración del cargo. La norma incluso permitía que, tras el fallecimiento del titular, el beneficio se extendiera al cónyuge supérstite y a los hijos menores o con incapacidad.
El proyecto no sale limpio del Senado: la cámara eliminó el artículo 5 que Diputados había incorporado en su tratamiento de abril de 2024. Ese apartado establecía que los beneficiarios perderían la pensión si eran condenados por determinados delitos. Al suprimirse ese artículo, la iniciativa regresa a la Cámara de origen para que se expida sobre los cambios.
El senador Rafael Cavagna, de Juntos por Entre Ríos, fue claro durante el debate: la pensión quedó instalada en la sociedad como un privilegio sin justificación. Señaló además que hoy hay diez beneficiarios activos del régimen y que, de aprobarse definitivamente la derogación, quienes ocupen en el futuro la Gobernación o la Vicegobernación no accederán a esa pensión especial.
La senadora Nancy Miranda, de Más para Entre Ríos, subrayó el consenso alcanzado entre los tres bloques y aclaró un dato que no es menor: estas pensiones se financian con Rentas Generales, no con recursos de la Caja de Jubilaciones provincial. Es decir, no se trata de un aporte que los propios funcionarios realizaron durante su actividad.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo provincial sostiene que las razones que dieron origen al régimen hace más de seis décadas han desaparecido y que mantener este beneficio resulta incompatible con los principios de igualdad y ética pública. También argumenta que, en un contexto de dificultades financieras del sistema previsional, la continuidad de estos regímenes especiales profundiza el cuestionamiento social hacia el Estado.
La pelota queda ahora en la cancha de Diputados, que deberá pronunciarse sobre la modificación introducida en el Senado para que la derogación quede definitivamente convertida en ley.
