No se perdió. Lo sacaron. Esa es la hipótesis que la fiscalía sostiene con firmeza en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, y cuya causa se convirtió en uno de los casos judiciales más complejos y perturbadores de los últimos años en el país.
El escándalo dentro del escándalo llegó cuando Laudelina Peña, tía del menor e imputada en el juicio, reconoció ante la Justicia Federal que falseó su testimonio bajo presión. Según su propio relato, fue el senador provincial del oficialismo correntino Diego Pellegrini quien la trasladó desde 9 de Julio hasta la ciudad de Corrientes junto a José Codazzi, un abogado detenido por el rapto de otro niño en la localidad de Esquina. La recompensa por declarar que Loan había sufrido un accidente: 50.000 pesos. El ex gobernador Gustavo Valdés llegó a celebrar ese testimonio en sus redes sociales como “un gran paso en la resolución del caso”. Después, todo se derrumbó.
La primera en alertar sobre el complot fue Catalina Peña, abuela del nene. “Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira”, declaró ante el tribunal, comprometiendo directamente a su propia hija. Una madre denunciando a su hija para defender la verdad sobre su nieto. Pocas escenas en este juicio son tan crudas como esa.
La acusación construyó una hipótesis en etapas. En la primera, Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y la propia Laudelina habrían coordinado el traslado de Loan y otros chicos hacia un naranjal, lejos del alcance visual de los adultos y, puntualmente, fuera del cuidado de su padre José Peña. Laudelina, además, habría convencido a otra adulta de regresar a la casa, dejando a los menores sin protección. Benítez aparece como figura especialmente comprometida: fue uno de los últimos en ver al nene con vida, sus versiones presentan contradicciones y su comportamiento posterior genera serias sospechas para los investigadores.
En la segunda etapa aparecen Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El matrimonio, que permanecía en la casa de la abuela durante el momento del naranjal, es señalado como el que retiró al nene del lugar en una camioneta Ford Ranger blanca. En el vehículo se detectaron rastros aromáticos compatibles con el menor, dato que la fiscalía considera central para sostener que allí se concretó el traslado.
El rol del comisario Walter Maciel cierra el cuadro. Los fiscales lo acusan de haber utilizado su posición para obstaculizar la investigación desde las primeras horas: construyó un escenario falso de búsqueda, desvió pesquisas y habría participado en montar una escena de extravío. El hallazgo del botín del nene, el único rastro material encontrado, es interpretado como parte de esa maniobra de distracción.
El juicio avanza y cada jornada agrega una capa más a una trama que mezcla familia, poder político, complicidad institucional y la desaparición de un chico de cinco años que todavía no aparece. La verdad sobre Loan sigue siendo la gran deuda de esta causa.
