La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Concordia tiene nueva titular. El intendente Francisco Azcué designó este miércoles a la contadora Patricia Rodríguez para cubrir el cargo que había quedado vacante tras la renuncia de Luciano Dell’Olio, oficializada el 24 de junio. El movimiento no es un simple recambio administrativo: es una señal política clara sobre quién está ganando peso dentro del Ejecutivo municipal.
Rodríguez es contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con trayectoria en la administración pública. Fue gerente de la delegación Concordia de la ANSES y presidió la Delegación Concordia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Según fuentes municipales, fue ella quien acompañó al secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, en las recorridas por las distintas dependencias durante los primeros días de gestión. Esa cercanía no pasó desapercibida, y hoy se traduce en la conducción de una de las áreas más estratégicas del municipio.
La designación confirma el creciente protagonismo del sector encabezado por Ferreyra dentro de la estructura política de la gestión. Y llega, además, en un momento de crisis interna: la salida de Dell’Olio representó la tercera baja, en pocos meses, de un funcionario de primera línea identificado con el sector del radicalismo que responde al diputado provincial Marcelo López, luego de los alejamientos de Alejandro López y Lucas Fuscado. La reconfiguración interna del Ejecutivo es un hecho, y los números lo dicen solos.
Pero la designación no viene sola: trae su propia polémica. Rodríguez percibe una jubilación nacional por su trayectoria en la ANSES y, hasta su nombramiento, integraba la estructura municipal de manera ad honorem, cobrando a través del denominado Código 600. En 2024, ese «adicional» era de 600.000 pesos. El mecanismo está fuertemente cuestionado desde que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos intimó a varios funcionarios de la gestión Azcué que combinaban jubilaciones provinciales con ingresos municipales bajo esa modalidad, advirtiendo que los pagos canalizados por el Código 600 podrían configurar una relación laboral con obligaciones previsionales.
La situación de Rodríguez presenta, en principio, una diferencia jurídica relevante: al tratarse de una jubilada del régimen nacional y no del provincial, la incompatibilidad señalada por la Caja entrerriana no le aplicaría directamente. Sin embargo, la discusión de fondo no desaparece. En la política local se recuerda como antecedente la decisión de la vicejefa comunal Magdalena Reta de Urquiza, quien desde 2017 suspendió voluntariamente el cobro de su jubilación mientras ejerce funciones públicas. El debate sobre la doble percepción de ingresos del Estado vuelve a estar sobre la mesa, esta vez con una secretaria de Gobierno en el centro de la escena.
