A puertas cerradas, con personal de seguridad apostado en pasillos y escaleras, y una hora antes del partido de Argentina en el Mundial, el funcionario Ferreyra se presentó ante el Concejo Deliberante para responder por los recortes de personal municipal. La convocatoria había sido aprobada por unanimidad en la sesión del jueves anterior, con el acompañamiento del oficialismo, el PJ y La Libertad Avanza. Según coincidieron fuentes legislativas, se trata de un hecho sin antecedentes desde el retorno de la democracia para un funcionario de ese nivel.
El edificio estuvo con acceso restringido durante todo el encuentro: las puertas de ingreso cerradas, el sector de oficinas de los concejales bajo llave y personal de seguridad en los accesos. Un decreto de Presidencia había autorizado al personal del Concejo a retirarse a las 12.30 para seguir el partido. La concejal justicialista Claudia Villalba no se mordió la lengua: «A las 12 se cerraron las puertas del edificio y Ferreyra llegó con siete personas de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Es inaudito, nunca visto. No era el Papa ni alguien de la realeza».
La principal definición política que dejó la reunión fue contundente: la reducción de contratados no fue un episodio aislado sino una política de gestión, y cada seis meses se repetirá un proceso de revisión del personal. Así lo confirmó el propio Ferreyra ante los concejales, según relataron tanto Villalba como la presidenta del bloque justicialista, Carolina Amiano.
Sobre los números, el funcionario sostuvo que no fueron cerca de 100 desvinculaciones sino 56 contratos no renovados al vencerse su plazo, y que al inicio de la gestión existían 3.090 agentes municipales, cifra que la oposición cuestionó por falta de documentación respaldatoria. También reiteró que durante el último año de la administración anterior ingresaron cerca de 900 contratados, afirmación que ya había hecho públicamente en otras oportunidades.
El punto más delicado de la reunión fue la pregunta sobre los criterios de selección. Ferreyra explicó que las bajas respondieron a inasistencias injustificadas, tareas consideradas prescindibles y áreas sobredimensionadas. Pero al ser consultado sobre si la Dirección de Recursos Humanos había elaborado informes técnicos previos, la respuesta fue que no eran necesarios: los propios secretarios conocen sus áreas y confeccionaron los listados ellos mismos.
Esa respuesta encendió el debate. Los concejales opositores pusieron sobre la mesa el caso de los centros de salud barriales que quedaron sin personal de enfermería. Ferreyra respondió que el Ejecutivo evaluaba algunos casos y que podría haber reincorporaciones. Para Villalba, eso lo dijo todo: «Una gestión que se dice eficiente para dejar afuera recursos humanos tendría que tener estudios y, evidentemente, a las claras quedó que no fue así». Según la concejal, el funcionario no llevó ningún documento escrito al encuentro.
El ciclo de revisiones semestrales anunciado por Ferreyra convierte lo ocurrido hasta ahora en apenas el primer capítulo de un proceso que, según el propio Ejecutivo, seguirá adelante con la misma lógica. La oposición, por su parte, salió del encuentro con más preguntas que respuestas sobre los criterios reales que definen quién se queda y quién se va.
