La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia rompió el silencio y entró a Tribunales con nombres, fechas y una frase que ya corre: «Me necesitaban incriminar para implementar Teknofood». No se quedó en la defensa: apuntó a una operación para dejarla expuesta mientras avanzaba un nuevo negocio en los comedores.
La excoordinadora había permanecido varios meses en silencio público. Esta vez, según su relato, esperó el resultado de las pericias sobre el teléfono del comerciante Iñaki Partarrié para dar el paso.
La causa, identificada como legajo 7046/25, investiga el presunto desvío de fondos destinados a la alimentación de alumnos de establecimientos educativos. Según la Fiscalía, Murúa, sus hermanos Adrián y Vanesa, su cuñado Esteban Godoy y Julián Quiroga habrían participado en un esquema de direccionamiento de compras que benefició a Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS.
La formalización de las imputaciones se produjo en mayo de 2026. Murúa sostiene que la investigación penal está prácticamente paralizada y que falta una pericia que considera determinante: la del teléfono de Iñaki Partarrié. «Yo ya no quiero esperar más, ya no me puedo callar más, no aguanto más una piña. A mi ya me mataron», dijo al explicar por qué decidió declarar.
En su relato, la excoordinadora dice que asumió en enero de 2024 y que en febrero contó las irregularidades al diputado provincial Marcelo «Mono» López. «Yo denuncié primero y López me hizo esperar», afirmó. Según su versión, el legislador le pedía tiempo y le respondía que iban a encontrar una solución.
También reconoció que puso como condición incorporar a sus hermanos al área porque, según dijo, «sabía que ahí se robaba». Su defensa sostiene que descubrió un mecanismo de retornos de dinero que ya funcionaba cuando asumió y que, cuando el problema tomó dimensión pública, la apartaron para convertirla en el fusible de una estructura.
Murúa cuenta que su madre, docente, había descubierto situaciones similares en una escuela y terminó cambiándose de establecimiento por las presiones que recibió. Esa historia, según su versión, explica por qué aceptó el cargo con la idea de no estar sola: «Yo sola no iba a estar ahí adentro porque a mí me iban a destrozar».
Murúa asegura que señaló responsabilidades dentro del Gobierno de Rogelio Frigerio y que describió relaciones políticas para explicar cómo se armó el apartamiento. En ese relato, también mencionó una «supuesta auditoría» que, según su versión, sirvió para dejarla expuesta como responsable de las irregularidades.
La hipótesis fiscal, en cambio, describe presuntas maniobras de presión sobre los responsables de las tarjetas, diferencias entre mercadería facturada y entregada y movimientos de dinero sin justificación administrativa. El expediente alcanza a más de treinta establecimientos escolares y a un entramado de compras que, según la acusación, favoreció a las firmas investigadas.
Por ahora, la palabra de Murúa quedó en el expediente junto a la imputación y la expectativa por la pericia del teléfono. La causa sigue en marcha y el próximo paso será definir si esa prueba cambia el rumbo de una investigación que ya tiene nombres y cargos señalados.


