martes, noviembre 17, 2026
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Carnaval 2027 privatizado: ¿sigue siendo necesario el Ente en Concordia?

El Carnaval de Concordia va a cambiar de manos: Ancarola y Cía. se queda con la organización de los desfiles, la venta de entradas y la explotación comercial para 2027. La pregunta que ahora recorre la ciudad no es solo si la fiesta seguirá siendo grande, sino cuánto va a seguir costando el Ente Permanente de Carnaval cuando el Estado ya no lleve la batuta.

La decisión no cayó como un simple ajuste administrativo. Es una prueba piloto que obliga a revisar el rol del Municipio y, sobre todo, el peso que tiene sobre el bolsillo de los contribuyentes mantener una estructura que históricamente estuvo pegada a la organización de la fiesta. En Concordia, el Carnaval no es un evento más: es comparsas, desfiles y una fiesta que se vive en la ciudad.

Los números que saltan del portal de Transparencia municipal son difíciles de ignorar: los seis empleados que figuran bajo la dependencia del Ente perciben, en conjunto, alrededor de $8,8 millones netos por mes. Esa cifra supera los $105,6 millones al año, sin contar aportes patronales, aguinaldos ni otros conceptos. No es un gasto menor para una estructura que, según el propio funcionario, en la práctica hoy funciona con menos personas.

Consultado por cómo seguirá funcionando el organismo, el presidente del Ente, Sánchez, defendió la continuidad y salió al cruce de los datos que circulan en la página municipal. «La página municipal está desactualizada», dijo, y aseguró que hoy son cuatro las personas que cumplen funciones: un director y tres coordinadores. Además, precisó que el tesorero, contador, ocupa un cargo ad honorem y no cobra por esa tarea.

Sánchez explicó que, terminado el Carnaval, el Ente queda con «el personal mínimo e indispensable» y que algunos trabajadores son destinados a otras áreas municipales durante los meses de menor actividad. Incluso, adelantó que uno de ellos estaría próximo a pasar al área de Gobierno mediante un decreto. Para el funcionario, esa lógica no descarta al Ente: lo reacomoda. La idea es que la estructura siga siendo útil, aunque la explotación comercial pase a manos privadas.

La división de tareas también quedó clara en la explicación. La empresa tendrá a su cargo servicios de cantina, publicidad, infraestructura, logística y venta de entradas, además de participar en aspectos vinculados con los jurados y su coordinación. En cambio, Sánchez aclaró que la intervención del privado «será limitada» en lo referido a la competencia. El Ente, según su versión, seguirá siendo el encargado de controlar que el adjudicatario cumpla el pliego y de actuar como nexo cotidiano entre la firma, las comparsas y el Municipio.

Ahí está el corazón del debate. El Ente conservará, según Sánchez, el manejo del reglamento, las acreditaciones, las actas de oficio, las denuncias de las comparsas, la coordinación de los 36 jurados y el escrutinio. Son funciones que, para el funcionario, justifican que el organismo siga vigente pese al traspaso de la explotación comercial y de buena parte de la organización. La pregunta incómoda, entonces, es si ese rol de control y nexo alcanza para sostener una estructura todo el año.

Pero Sánchez no garantizó que la estructura actual se mantenga después de 2027. Dijo que el equipo está integrado por un coordinador de predio, uno de competencia, uno de prensa —que también se ocupa de las acreditaciones— y el propio director, responsable de la coordinación general. «Que soy yo», remató, bajo su lógica de que son cuatro las personas y no seis, como figura en el portal de Transparencia. La evaluación, advirtió, se hará una vez concluida la próxima edición, cuando se analicen la proyección del Carnaval y la cantidad de personal necesaria.

Mientras tanto, el Carnaval de Concordia entra en una etapa nueva: con una empresa a la cabeza de la explotación comercial y un Ente que se presenta como guardián del reglamento. La fiesta puede seguir siendo grande, pero el debate ya no es solo sobre desfiles y comparsas. Es sobre cuánto público se sigue pagando por una estructura que el propio funcionario defiende.

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