martes, noviembre 17, 2026
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Senasa simplificó los controles fitosanitarios para exportar productos vegetales

El Senasa le sacó grasa a los papeles que frenan al exportador de productos vegetales. Con la Resolución 952/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo nacional rediseñó los controles fitosanitarios para exportación y reexportación. La idea no es aflojar la sanidad, sino ordenar el procedimiento para que la mercadería no se quede parada por un trámite innecesario.

El punto central es simple: no todo destino exige lo mismo. El Senasa separa el control obligatorio, cuando la ONPF del país de destino pide intervención oficial, del control optativo, cuando el exportador puede solicitar la certificación voluntariamente. Así se evita una intervención innecesaria sin perder la garantía fitosanitaria que respalda al producto o subproducto vegetal que sale del país.

También se mantiene el Cert-POV, el sistema de gestión de certificados para exportación de productos de origen vegetal. Esa continuidad apoya la modernización y la digitalización de los trámites, algo que en la práctica se traduce en menos vueltas y menos tiempos muertos. Para el operador, la diferencia no es menor: un certificado que se gestiona con claridad vale oro cuando el Senasa acompaña el proceso.

Otro avance importante es la unificación normativa. Antes, los procedimientos estaban reglados por distintas disposiciones; ahora, el Senasa, a través de la Resolución 952/2026, unifica los pasos en un solo marco, con más claridad, previsibilidad y seguridad jurídica. En un sector donde el comercio exterior se juega por detalles, esa orden no es un capricho: reduce la incertidumbre y le da al exportador una regla más estable para planificar.

El resultado buscado es una fiscalización más eficiente, basada en las exigencias del comercio internacional. Menos carga administrativa para el sector privado, mejor uso de los recursos públicos y una señal clara de que la Argentina quiere que sus exportaciones vegetales lleguen al destino con menos fricción. La pregunta, ahora, es si la operatoria real acompaña el papel: para el Senasa, la norma se mide cuando la mercadería sale.

La medida también ordena la lógica de intervención. No se trata de que el Estado se quede afuera, sino de que su presencia sea proporcional a lo que pide el mercado de destino. Si la ONPF del país de destino exige la intervención oficial, el Senasa interviene; si no lo exige, el exportador puede pedir la certificación de manera voluntaria. Esa flexibilidad es la que busca evitar papeles que no agregan valor a la operación.

El otro frente es la modernización. El Cert-POV sigue como herramienta de gestión, y la digitalización de los trámites es parte de la misma lógica del Senasa: menos formularios, menos vueltas, menos demoras. ¿Vos que exportás, sabés cómo pesa un día de demora? Para un exportador que compite en mercados exigentes, cada trámite innecesario termina siendo un costo que se nota en la rentabilidad. La norma apunta a eso: que la burocracia no sea el cuello de botella de la exportación vegetal.

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