La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto que autoriza la fusión por absorción del Nuevo Banco de Entre Ríos, conocido como BERSA, dentro del Nuevo Banco de Santa Fe. La medida, impulsada con rapidez y sin mayor debate social, enciende el debate por la soberanía económica.
Desde el oficialismo y la propia empresa intentan llevar tranquilidad: aseguran que las cuentas seguirán operando con normalidad y que el contrato como agente financiero de la provincia se mantendrá hasta 2030. Pero el dato duro es otro: la Casa Central administrativa se traslada de Paraná a Santa Fe.
Los críticos sostienen que detrás del discurso técnico hay un retroceso en el control público: las decisiones sobre crédito, inversiones y manejo de recursos se tomarán cada vez más lejos del territorio entrerriano. Para esa lectura, la fusión sella la ausencia de intervención de quienes hacen girar la economía provincial.
Aunque se prometen respetar sucursales y puestos de trabajo, la experiencia del sistema financiero muestra que las fusiones y la digitalización acelerada suelen abrir la puerta a recortes, retiros voluntarios y menos atención presencial. El golpe, advierten, puede sentirse más fuerte en las localidades más pequeñas.
El problema de fondo, según los opositores, es estructural: cada mes, sueldos estatales, jubilaciones provinciales y recaudación de impuestos pasan por un grupo privado que, en su opinión, lucra con la intermediación de fondos públicos. Lo califican de monopolio bancario que impone costos, financiaciones y créditos a trabajadores y usuarios.
La herencia es de los 90. En 1995, tras una licitación con oferente único, el histórico Banco de Entre Ríos fue rematado por apenas 15 millones de dólares, dejando además un agujero fiscal de otros 43 millones en créditos residuales nunca esclarecidos. Después pasó por manos francesas, fue rescatado temporalmente por el Estado nacional en la crisis de 2001 y terminó adjudicado en 2005 al Grupo Petersen.
La disputa tiene un ancla legal: el Artículo 74 de la Constitución de Entre Ríos, incorporado en la reforma de 2008, establece que el Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado. El texto garantiza que el Estado sea siempre su accionista mayoritario y agente financiero oficial.
Con la media sanción, el proyecto sigue su curso legislativo y deja sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Entre Ríos va a seguir dejando que el manejo de sus recursos financieros se decida fuera de la provincia? La respuesta, en el corto plazo, va a pasar por el debate legislativo y por la decisión política de cumplir o no la Constitución provincial.


