La salud mental volvió a estar en el centro del debate cuando la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos advirtió por las dificultades para acceder a tratamientos en el sistema público. El mensaje es claro: hay más demanda, equipos sobrecargados y recursos que no alcanzan.
Laura Lavatelli, de la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos, puso el dedo en la llaga al señalar que la demanda aumentó y que los equipos están sobrecargados. No es un reclamo menor: cuando el sistema público se satura, la espera deja de ser un trámite y se convierte en una barrera para recibir atención.
La advertencia también apunta a las medidas anunciadas: según la Asamblea, no fueron acompañadas por mayores recursos. Ahí aparece la grieta de fondo: si se anuncia una política pero no se financia, el resultado puede ser un eslogan que no llega al consultorio.
En salud mental, la lista de espera no es un simple dato administrativo. Es una persona que necesita contención y no la recibe a tiempo; es un equipo que trabaja al límite; es un sistema que se quiebra cuando la demanda crece y la caja no acompaña.
El punto es político, aunque se exprese en términos técnicos: el Estado decide cuánto invierte en salud mental, y esa decisión se traduce en capacidad de respuesta. Si la provincia no acompaña con presupuesto, la atención se vuelve un privilegio para quienes pueden esperar o pueden pagarlo.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿se puede hablar de una política de salud mental si la gente no puede llegar a tiempo? La Asamblea ya dejó la advertencia sobre la mesa. Lo que viene será medir si las palabras se transforman en recursos o si la lista de espera sigue siendo el único diagnóstico.
El desfinanciamiento no es una palabra abstracta. En salud mental, se nota en la demanda que crece, en los equipos que no dan abasto y en la atención que se demora. Si el sistema público no puede sostener lo básico, el reclamo deja de ser sectorial y se vuelve una advertencia sobre el propio Estado.
Tampoco alcanza con hablar de medidas si no se verifica si hay recursos detrás. La Asamblea lo plantea en términos simples: la demanda subió, los equipos están sobrecargados y lo anunciado no vino con más plata. Ahí se mide la seriedad de una política: no en el anuncio, sino en el resultado.
La lista de espera es el termómetro del sistema público. Si sigue creciendo, la advertencia se vuelve crónica.


